Al menos nueve mandatarios en la Costa ya no están en el cargo
Sanciones penales y disciplinarias, entre las razones. En San Benito el alcalde fue elegido estando en prisión.
Al menos 9 mandatarios locales en la Costa ya no están en el cargo, a pesar de que su periodo administrativo comenzó apenas el pasado 1 de enero. Algunos de ellos fueron suspendidos provisionalmente y otros tienen hasta detención por líos judiciales.
En el departamento de Sucre, por ejemplo, en el municipio de San Benito, Manuel del Cristo Cadrazo Salcedo fue elegido alcalde estando en prisión. De hecho, aún permanece en el centro carcelario debido a que la Fiscalía General lo investiga por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
También su esposa, Milagro Martelo, está involucrada en los hechos y tiene casa por cárcel en una de las tantas propiedades que están en poder del ente investigador.
Juan Manuel Hoyos, alcalde electo de Betulia, desde el pasado 15 de julio tiene casa por cárcel por presuntos hechos de corrupción cometidos en el contrato de adquisición de los kit de alimentos que fueron distribuidos a la población más vulnerable en el inicio de la pandemia. Compró mil mercados antes de firmar el contrato.
Así mismo, otros dos mandatarios locales fueron suspendidos tras sanciones impuestas por la Procuraduría General.
Es el caso de Teódulo Cantillo Martínez, alcalde electo de San Onofre, que solo gobernó hasta el 10 de febrero porque fue suspendido por un proceso electoral.
Cantillo estaba inhabilitado para aspirar al cargo porque su hermana es la representante legal de una empresa de salud que contrata con el ente territorial.
Y durante la pandemia, la alcaldesa de Sucre-Sucre, Elvira Julia Mercado Acevedo, fue suspendida por tres meses por la Procuraduría General por haber hecho una fiesta el pasado 3 de mayo en el municipio.
Según el Ministerio Público, Mercado violó la cuarentena decretada por la emergencia sanitaria.
En el departamento del Atlántico,también la Procuraduría General sancionó provisionalmente al alcalde electo de Malambo, Rumenigge Monsalve, por tres meses.
El mandatario tuvo que dejar el máximo cargo del municipio de Malambo por presuntos malos manejos de recursos para atender la emergencia por la COVID-19.
La Fiscalía, por su parte, le imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. El juez del caso se abstuvo de enviar a la cárcel a Monsalve, quien alude pruebas para desvirtuar lo afirmado por el ente investigador.
En tanto, en el municipio de Manaure, La Guajira, también fue retirado del cargo el alcalde Juan José Robles Julio, tras una orden del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha.
El tribunal declaró sin validez y sin fuerza jurídica la tutela que había fallado un juzgado de Maicao a favor del mandatario, la cual le permitió posesionarse en enero de este año.
En este caso, el Tribunal concluyó que estaba demostrada la violación de la norma en la cual se configura la inhabilidad de Robles, ya que su hermano Carlos Robles Julio, al momento de las elecciones, tenía 14 meses de estar como rector de la Universidad de La Guajira.
En menos de un mes, cuatro alcaldes recién electos de municipios del departamento de Bolívar fueron separados del cargo.
Tras la admisión de una demanda de nulidad electoral interpuesta por uno de los ex candidatos a la Alcaldía de Achí, Juan Carlos Becerra tuvo que separarse del cargo.
Se alegaba que el pasado 27 de octubre, día de las elecciones, unos encapuchados llegaron a un colegio de la población y destruyeron todo el material electoral de 17 mesas de votación. De hecho, estas elecciones se volverán a repetir.
También fueron suspendidos del cargo por irregularidades los alcaldes de Talaiga Nuevo y Córdoba Tetón.
Aunque en el departamento del Cesar ningún mandatario local ha sido retirado de su cargo, la semana pasada, la Corte Suprema de Justicia condenó al gobernador Luis Monsalvo Gnecco por presunta corrupción electoral. Sin embargo, la decisión que fue tomada en primera instancia obedece a un caso de su pasada administración y no de la actual.
A pesar de ello, Monsalvo sigue siendo el gobernador del Cesar y pese a la condena se mantiene en el cargo.
Además, dos funcionarias de su actual administración (la secretaria General de la Gobernación y la directora de la Oficina de Gestión del Riesgo) fueron suspendidas por irregularidades en la contratación de las ayudas humanitarias durante la pandemia.
La separación del cargo de los funcionarios públicos y mandatarios suele estar acompañada de problemas administrativos para una buena gestión en los municipios respectivos.
No obstante, según el doctor en Ciencias Políticas y profesor de la Universidad del Atlántico Alejandro Zúñiga, que un alcalde o gobernador sea retirado de su cargo por parte de las autoridades competentes no debería afectar el desarrollo de las políticas públicas.
“La administración pública se fundamenta en planes de desarrollos que no caducan con la llegada de un gobernante encargado. Estos planes se construyen con la participación amplia de la ciudadanía. Dicho en otras palabras, la sanción es para el gobernante, no para el plan de desarrollo”, explicó.
Sin embargo, puso de presente que cuando se reemplaza a algún mandatario por un gobernante encargado, este suele cambiar el gabinete. Y sería esto, concluyó el experto, lo que impide la agilidad de procesos administrativos. Lo cual, señaló, sería desfavorable aún más en tiempos de pandemia, ya que la emergencia sanitaria “trae consigo una serie de hechos urgentes que ameritan celeridad; por ejemplo en la firma de decretos o en la contratación de determinados servicios”.
De otro lado, Blanco refirió que el poder político implica una constante disputa y que, por tanto, la destitución de un gobernante “siempre corre el riesgo de entenderse como sesgada, manipulada o inspirada en decisiones de tipo político”.
Y si bien reconoció que en algunos casos los mismos opositores aprovechan estas situaciones para obtener ventajas y lograr de esta forma lo que no alcanzaron por medio de las urnas; también en muchos casos las decisiones de los entes de control se sustentan en acciones irregulares o ilegales por parte de los mandatarios.
