Movilizarse con seguridad por las vías ha sido un objetivo esquivo en las principales ciudades del país. Durante varios años, las cifras de siniestralidad han venido aumentando a pesar de que las autoridades han reforzado las estrategias que buscan ponerle freno a esta problemática.
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A través de la ‘Alianza de las Velocidades Seguras’ –cuyo lanzamiento se realizó recientemente en Cartagena, en la sede Caribe de la Universidad de Los Andes–, autoridades del orden nacional, departamental y local se han unido para la construcción de estrategias que impacten de forma positiva ante esta coyuntura.
En esta alianza participan la Agencia Nacional de Seguridad Vial, autoridades de tránsito departamentales y de las capitales de la región Caribe, así como de las Secretarías de Movilidad de Bogotá y Cali, y expertos en temas de seguridad vial.
En el evento, organizado por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) y la iniciativa ‘Conduce a 50, Vive al 100’ de la Universidad de Los Andes, se anunció la creación de una red de autoridades de tránsito para la implementación de la Ley 2251 de 2022 o ‘Ley Julián Esteban’.
Dicha reglamentación indica que la velocidad máxima permitida en vías urbanas es de 50 km/h, excepto zonas escolares y residenciales que tendrán un límite de 30 km/h. Para carreteras intermunicipales, que en algunos corredores estaba permitida hasta 100 km/h, ahora es de 90 km/h.
De acuerdo con los investigadores, la experiencia muestra que en los países que se han implementado este tipo de normas, se redujeron significativamente los accidentes.
¿Qué busca la alianza?
Se expuso que uno de los propósitos de dicha alianza es reducir los fallecimientos a causa de siniestros viales. Según las proyecciones de expertos en este espacio, la adopción del Plan de Gestión de la Velocidad en la región Caribe se habría salvado 676 vidas en un año. Es de anotar que en la región Caribe murieron 1.482 personas por siniestros viales durante el año anterior.
Esto quiere decir que la región Caribe representa el 18 % del total nacional para el año pasado (8.405 muertes por siniestros viales). Además, la tasa de siniestralidad por 100.000 habitantes se ubica en 12.5, el doble que la tasa de la ciudad de Bogotá en el mismo periodo.
Otros compromisos
Además, las autoridades territoriales se comprometieron a crear una hoja de ruta para implementar los límites de velocidad establecidos por la normatividad vigente.
También se planteó la necesidad de incluir, en los planes de Desarrollo, una serie de metas y actividades para mejorar la seguridad vial, así como gestionar recursos en el presupuesto municipal para tales fines.
En ese sentido, otro de los compromisos corresponde a desarrollar estrategias de control y fiscalización para el cumplimiento de los límites de velocidad, así como identificar los puntos críticos de siniestralidad vial en el territorio para diseñar e implementar intervenciones que salven vidas.
Las autoridades también confluyeron en la protección de niñas, niños y adolescentes que se desplazan hacia instituciones escolares mediante intervenciones de pacificación de vías, elementos de reducción de velocidad y señalización para zonas escolares es sumamente importante debido a que son actores viales vulnerables.
Asimismo, se deben generar estrategias de comunicación para fomentar el comportamiento seguro de los actores viales y establecer mecanismos de monitoreo y control para revisar constantemente las políticas de gestión de la velocidad y disuadir comportamientos de alto riesgo en las vías.
¿Cuál es la Ley Julián Esteban?
En junio de 2022, el Congreso de la República aprobó la ley Julián Esteban, que fue nombrada en honor al pequeño ciclista que perdió la vida arrollado por un vehículo, en el municipio de Zipaquirá (Cundinamarca).
Dicha iniciativa busca la implementación de políticas de seguridad vial que ayuden a reducir el número de víctimas por ese tipo de siniestros y es el resultado del trabajo adelantado por el Grupo de Estudios en Sostenibilidad Urbana y Regional (SUR) de la Universidad de los Andes y de la organización Global Road Safety Partnership (GRSP).
Se indica que además de trabajar en temas de velocidad, se debe regular la comercialización vehículos seguros, que protejan a todos los actores viales.
