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Caso Uribe: en ‘stand by’ hasta el próximo viernes

Este viernes, la jueza 28 penal deberá decidir si admite a las nuevas víctimas en el proceso. Entre estas se encuentra Gonzalo Guillén.

El próximo viernes 9 de abril a las 8 de la mañana la jueza 28 penal de conocimiento de Bogotá, Carmen Helena Ortiz, decidirá si acepta como nuevas víctimas dentro del proceso que se le sigue al expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos a Deyanira Gómez, testigo y esposa del testigo y exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, y al periodista Gonzalo Guillén.

Esto en el marco de la audiencia de solicitud de preclusión convocada por el jefe de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Jaimes.

Miguel Del Río, representante de Deyanira Gómez, expuso las razones de la petición: "Una mujer declaró ante la Corte Suprema y sus dichos generaron el hecho de que para Diego Cadena y Álvaro Uribe era ella el obstáculo para la retractación de Juan Guillermo Monsalve, y eso genera el daño de su exilio a un país diferente, con dos niños de 10 y 3 años, y además fue sacada de la empresa Coomeva, donde laboró como médica durante 6 años sin tacha".

Criticó finalmente que el exsenador Uribe hubiera sido "interceptado ilegalmente en conversaciones con sus abogados Cadena, Lombana y conmigo mismo, (...) pero como él sufrió una interceptación ilegal de sus comunicaciones, no puede erigirse como víctima acá, a eso nos lleva la maximización del concepto de víctima. (...) Es una deformación total del concepto y el rol de víctima".

Agregó el jurista que "el segundo daño es que la finca 'La Veranera', en Risaralda, avaluada en $560 millones, es de propiedad de Deyanira Gómez, y no de Juan Guillermo Monsalve, como lo afirmó la Fiscalía, que dijo que fue una contraprestación a través de Iván Cepeda, debido a los dichos de Monsalve en contra de Álvaro Uribe, y eso hizo que en octubre de 2020, dos meses después de la medida de aseguramiento contra Uribe, la Fiscalía dictara medidas cautelares contra la finca, señalando que 'la titularidad del inmueble estaría en cabeza de familiares de Monsalve y que se determinó que este no tenía la capacidad financiera para adquirir ese bien, por lo que su compra solo se entendería a través de hechos delictivos'".

Del Río afirmó además que en abril 2018 Uribe y Cadena "hablaron para precisar datos de Deyanira Gómez, y 13 días después hay un despido sin justa causa de Coomeva, donde era médica. (...) Hay una demostración de poder de Uribe hacia Monsalve sobre que sí podía tomar determinaciones específicas".

Así mismo, asevera que Gómez le advierte al magistrado de la Corte Suprema, José Luis Barceló, quien indagaba a Uribe, que por solicitud de su esposo pide medidas de protección para su esposo, para sus hijos y para ella, ya que, dijo, estaban en peligro y carecían de protección.

"Barceló en abril de 2018 le envía una carta a la UNP pidiendo la protección de Deyanira Gómez. (...) El 25 abril de 2018 escoltas de la UNP de Deyanira advierten de visitas y persecuciones a la residencia de ella. (...) HRW, en julio de 2018, pide a Acnur que se diligencie la salida urgente del país de Gómez, por su rol como testigo en investigaciones contra Uribe. (...) Y Acnur le dice que aplica para reasentamiento en un tercer país", indicó el representante de Gómez.

A su vez, el abogado Roberto Rodríguez, pidió que se acreditara la calidad de víctima del periodista Gonzalo Guillén, ya que "hubo daños morales frente al prestigio, el honor, la honra de Gonzalo Guillén como periodista, que es uno de los periodistas más reconocidos a nivel latinoamericano. Nunca ha sido sancionado disciplinaria ni penalmente", añadiendo que al reportero "se le menciona en 59 oportunidades" en este proceso.

Así mismo, porque "se señaló que mi prohijado es un sicario, bandido, pagado por el señor Carlos Mattos, y no tiene mi prohijado relación con Mattos, y esa declaración ante el magistrado de la Corte Suprema, César Reyes, dice que es una persona siniestra en el periodismo colombiano. Eso no es cierto, ni que trabaje para Mattos, ni que sea un bandido".

Por su parte, el jefe de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Jaimes, pidió negar dicha solicitud.

"En el caso de la señora Gómez la Fiscalía resalta que no tiene vínculo o relación directa su participación con estos hechos jurídicamente relevantes. Resulta más una acreditación a manera de testigo dentro de los hechos, toda vez que la señora Gómez puede dar fe de algunos de los hechos pero nunca como pasivo de la actuación de la conducta atribuida por la Corte al señor Uribe Vélez", dijo.

Agregó el investigador del caso que "estamos en una investigación por soborno y fraude procesal, de la cual no es titular de ninguna manera la señora Gómez, por lo cual no puede tomarse como pasivo de esa infracción penal investigada".

Y concluye que "aunque se hace mención de amenazas, se deben llevar por otras líneas procesales si ella piensa que se ha afectado en su seguridad".

Frente al caso de Guillén, señala Jaimes que "se hacen mención de algunas columnas que en su ejercicio de periodista ha hecho con algunos pronunciamientos, entonces la vinculación del señor Guillén dentro del expediente es absolutamente tangencial y ni siquiera tiene la calidad de testigo en el proceso".

Añadió el fiscal que "los hechos de los que se duele el señor Guillén y que han ameritado denuncias contra el abogado Jaime Lombana y contra el señor Uribe Vélez, es allí, en esas denuncias, donde debe presentar su pretensión de calidad de víctima y no en estos hechos, porque no hay una vínculo inmediato".

A su vez, el procurador del caso, Jorge Sanjuán, coincidió en que "si las personas que acuden hoy y se consideran víctimas por otras circunstancias diferentes a soborno y fraude procesal, deberán ser consideradas como víctimas en otros casos diferentes al marco de esta situación jurídica".

Dijo lamentar el delegado del Ministerio Público "la situación en la que se encuentra la señora Deyanira Gómez y eventualmente deberá ser materia de investigación en la Fiscalía si efectivamente esas amenazas y esa dirscriminación laboral se dieron en el marco de ese proceso y tendrá derecho pero dentro de ese otro proceso".

Y sentencia que la Procuraduría considera que dentro de estas investigaciones "no se ve una relación directa de los hechos que relatan sobre el periodista Gonzalo Guillén, y no tiene la relación de víctima dentro de este radicado".

Entre tanto, Reynaldo Villalba, representante del senador Iván Cepeda como víctima en el caso, criticó: "Que la Fiscalía y la Procuraduría estén de acuerdo se ha convertido en práctica en este proceso", y se preguntó: "¿Cómo no va a ser víctima Detanira Gómez, si la sacan de su trabajo y si la amenazan? Claro que ella es víctima, porque lo fue dentro de este mismo radicado, porque este proceso se inicia es para tratar de esconder denuncias de nexos del señor Uribe con grupos paramilitares".

Allí, agrega, "hay una relación directa con violaciones de los derechos humanos (...), pero tanto el fiscal como el procurador le dicen 'váyase para otro lado'".

Y concluyó señalando que "las víctimas deben tener posibilidades amplias ante la justicia: el acceso a la justicia no puede ser estrecho como lo quiere hacer ver la Fiscalía".

Jaime Granados, abogado titular del expresidente Uribe, consideró a su turno que lo sucedido con Gómez y Guillén "no tiene relación con este hecho sino con hechos posteriores, (...) ¿qué tal que yo como abogado, porque me amenazaron, me declare como víctima, o el fiscal Jaimes, también como amenazado?".

Advirtió que en este sentido "realmente esto parece un sabotaje a este proceso".

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