Senadora Paloma Valencia insistirá en la propuesta de una sola Corte
La iniciativa uribista se había hundido dentro del trámite de la Reforma a la Justicia. La idea eliminaría la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional.
Junto con su desistimiento el pasado 31 de diciembre a aspirar a la Alcaldía de Bogotá, la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, anunció que insistirá en hacer aprobar en el Congreso la propuesta de una sola corte o una 'supercorte', que suprimiría altos tribunales como la Corte Suprema de Justicia o la Corte Constitucional.
"Tengo q conseguir una reforma integral a la justicia, q acabe con la impunidad d los d cuello blanco y permita el juzgamiento de los aforados. Ojalá una sola Corte de magistrados mayores, respetables y sin tacha, que facilite la obligatoriedad del precedente. Una justicia, justa. (...) Irme ahora sin haberlo logrado, o al menos intentado nuevamente, sería fallarle a mis ideales", publicó la legisladora uribista en su cuenta de Twitter.
El planteamiento de la sola corte fue esbozado en campaña por el presidente Iván Duque, pero rápidamente tuvo que dar marcha atrás ante la alarma que generó. Entonces, la bancada gobiernista, encabezada por Valencia, intentó pasar el asunto en la hasta ahora fallida Reforma a la Justicia, pero no fue avalado por el Congreso este único tribunal, calificado en su momento por el líder del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe, como una "magnífica idea", pero desestimado entonces por la ministra de Justicia, Gloria Borrero, por "inconveniente".
La propuesta resulta polémica en tanto que eliminaría la Corte Suprema de Justicia, que investiga a Uribe por presunta manipulación de testigos en un caso que se le sigue por supuestos nexos con grupos paramilitares y ha condenado a varios aforados cercanos al partido oficialista.
Y eliminaría también la Corte Constitucional, que prohibió la segunda reelección del expresidente.
Así mismo, fue criticada la idea del uribismo, unida a la anterior, de cambiar el juzgamiento de congresistas y altos funcionarios, que establecía que ninguno de estos podía ser capturado o llamado a juicio por una autoridad judicial sin el permiso del Congreso.