Política | EL HERALDO

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El presidente de la Corte Constitucional, Alberto Rojas, Ríos, durante la entrevista con EL HERALDO.
Johnny Hoyos

“No sentimos presión en la decisión sobre el aborto”: Alberto Rojas Ríos

En entrevista con EL HERALDO analizó varios temas polémicos que el alto tribunal ha abordado recientemente: el salvamento a Electricaribe, la eutanasia, servicio militar, el oso Chucho y la minería en La Guajira.

Este lunes la Corte Constitucional podría decidir si despenaliza el aborto en el país, sin condiciones, durante los tres primeros meses de embarazo. Un tema que produce aplausos en colectivos de mujeres y rechazo en los sectores más conservadores.

 El presidente de la Corte Constitucional, Alberto Rojas Ríos, ubicado en el ala liberal del alto tribunal, le dijo a EL HERALDO que las recusaciones y denuncias contra el sector más progresista de la corte guardiana de la Carta Magna no han presionado la imparcialidad de los magistrados para votar sobre la interrupción voluntaria del embarazo.

P.

¿Cómo será esta presidencia de la Corte Constitucional que acaba de asumir?

R.

La presidencia mía es simplemente una vocería que haré durante la Corte por este año y la posibilidad de aplicar como lo hicieron mis antecesores a unos programas completos que apuntan a la modernización de la Corte, su transparencia, su eficiencia y su eficacia.

P.

¿Cuál será su prioridad?

R.

El acercamiento de la Constitución y de la Corte a la ciudadanía, quiero un oficio de la Corte tan cercano que se convierta en la piel de nuestros ciudadanos. Es tal vez la más alta sensibilidad que puede darse cuando le hago la parábola de la piel en este punto y esos proyectos apuntan a un empoderamiento de los ciudadanos en relación con la Corte.

P.

¿Cómo va la discusión del aborto?

R.

Estamos hablando de una demanda que se presentó el 13 de mayo de 2019, y que con esa demanda lo que la ciudadana ha hecho es plantear un debate que está en manos de la Corte Constitucional. Lo ha tramitado con mucho rigor, con mucho detenimiento, con mucha reflexión y con un gran magistrado como ponente que es el doctor Alejandro Linares Cantillo. Él ha hecho un gran esfuerzo por hacer una especie de averiguación en el mundo científico y en el académico especializado de los criterios que podrían orientar juicios de valor de la Corte en este tema. De esa manera se ha dirigido a personas muy acreditadas en política criminal, con mucho conocimiento en derechos humanos, derecho de salud y van de por medio también algunas cifras estadísticas que nos muestran la situación en números de lo que significa en últimas la interrupción voluntaria del embarazo.

P.

¿Se sienten presionados por las recusaciones o las denuncias en la Comisión de Acusaciones?

R.

De ninguna manera, los ciudadanos tienen todo el derecho de formular sus peticiones, de recusar y de reclamar permanentemente mediante procedimientos legales lo que para ellos es la respuesta de la jurisdicción a sus pretensiones concretas. Sí sería bueno que hubiera mucho más rigor en el manejo de estos reclamos, pero ningún magistrado puede molestarse. Son decididos en su oportunidad y ningún magistrado se siente presionado o vulnerado en su imparcialidad o independencia para proferir el voto que corresponda en esta decisión.

P.

Hay sectores que dicen que de la tutela se abusa, que congestiona la justicia y hay otros que la defienden a capa y espada, ¿en cuál está usted?

R.

Mi mirada es que la tutela es el gran instrumento que tiene el ciudadano de acercamiento a la justicia. Yo no puedo quejarme de congestión en el reclamo de justicia, quien reclama por algo lo hará, y siempre en la tutela tenemos que pensar que el ciudadano que la ejerce se juega lo que le va quedando de esperanza. No puedo sentirme mal porque haya un reclamo reiterado, permanente, consistente de la ciudadanía en torno a la tutela. Es probable que esto tenga ciertas exorbitancias, pero en las encuestas está acreditada la desaprobación masiva de la justicia y lo único que finalmente le da confianza a la gente es la tutela, con un grado de aceptación del 84%. Entonces no puede llamarnos a desengaño sino a que nos preocupemos mucho por la gestión de la misma, para que los ciudadanos tengan siempre confianza en lo que tenemos como un gran instrumento de acercamiento del ciudadano a la justicia.

P.

¿Cómo ha visto el proyecto de reforma a la justicia?

R.

De ese proyecto lo único que puedo decirle es que le deseo buen viento y buena mar. Yo no puedo emitir ningún juicio de valor porque de alguna manera es un proyecto que podría eventualmente llegar a la Corte Constitucional y no podría comprometerme sobre el mismo, pero dada la necesidad urgente de una gran reforma a la justicia, que el Gobierno se empeñe en esto y que el Congreso también lo haga ya es loable.

P.

La Corte volvió a pedir la reglamentación de la eutanasia...

R.

Sí, es una tarea que tiene el Congreso y volvemos de nuevo a solicitarles a ellos que se ocupen del papel de reglamentar este derecho fundamental que es de alguna manera una competencia propia del Congreso y esperamos que así lo haga.

P.

¿Qué fue lo que pasó con la demanda del defensor al salvamento de Electricaribe?

R.

Se trata de una demanda formulada por el señor defensor del pueblo, que demandaba la inconstitucionalidad contra unos artículos del Plan de Desarrollo 2018-2022, y esa demanda no cumplió con las condiciones mínimas de admisibilidad y fue en su momento inadmitida y posteriormente no la corrigió y llegó a un rechazo total. Inclusive el defensor del pueblo cayó en la cuenta de que estaba mal planteada la demanda y quiso inclusive desistir. La Corte no le aceptó el desistimiento porque son acciones de interés público y no están en la esfera de la voluntad de la persona que finalmente demanda. Pero fue una ausencia de requisitos mínimos de admisibilidad.

P.

Lo que sí ganó el defensor fue el tema del tiempo de servicio militar para bachilleres y no bachilleres...

R.

Se trata de una demanda que ataca parcialmente un artículo y unos parágrafos de la Ley 1861 de 2017 que tienen que ver con la reglamentación del servicio de reclutamiento y control de reservas. En esta ley, en el parágrafo 4 se dispone, y digo se dispone porque la Corte dijo que era exequible, que quien esté obligado a pagar servicio militar por 12 meses puede solicitar el cambio a los contingentes incorporados por un servicio militar de 18 meses, atendiendo los beneficios de esto. Recordemos que el Ejército le da un tratamiento diferenciado al servicio militar de 18 y 12 meses y que los ciudadanos incorporados de 18 meses, decía la norma, no podían pasar a los contigentes de 12 meses. ¿Qué hizo la Corte? Declaró exequible esta norma e inexequible la prohibición de pasar del contingente de 18 meses al de 12 meses.

P.

¿Y desde cuándo empieza a regir, es decir quienes prestan en este momento el servicio pueden pedir ese cambio?

R.

Sí claro, es una sentencia que salió de la Corte, que venía aplicándose conforme lo establece el artículo 13 de la Ley 1861 de 2017. Aquí hubo simplemente una modificación en decir que no se viola la igualdad porque exista esa doble escala.

P.

En el caso del oso Chucho, ¿qué quiere decir que los animales no son sujetos de derechos, sino objeto de protección constitucional?

R.

El debate que se venía dando era si se otorgaba el habeas corpus tal como estaba planteado, como una especie de libertad para el oso Chucho, y recordemos que estábamos hablando de una criatura que tenía 25 años de cautiverio. Lo que la Corte hizo fue negar el habeas corpus, pero reconocer que se trata, no digamos de un objeto, sino de un ser sintiente de protección constitucional, y en ese orden de ideas debe recibir los cuidados que estén previstos para el mismo.

P.

Otro asunto que llamó la atención en el Caribe fue el pleito que le ganaron los wayuu al Cerrejón en materia ambiental...

R.

Este fue un tema que se definió hace mucho tiempo y tiene que ver con una tutela donde se pedía primero que se protegieran derechos medioambientales y segundo que se tomaran algunas decisiones especiales en relación con las comunidades indígenas que allí viven. La Corte hizo un análisis de ponderación y tomó unas órdenes en relación con derechos medioambientales, pero de alguna manera remitió el trámite de especiales solicitudes de reparación a que se tuvieran los procedimientos que la ley diseñaba para ello.

P.

Hay un evento iberoamericano importante de lo constitucional este año en Cartagena...

R.

Este año es en Cartagena, en junio, el encuentro de 22 tribunales y salas constitucionales de Iberoamérica, donde se van a debatir ejes temáticos de gran actualidad para el país y de gran actualidad para Iberoamérica, por ejemplo crisis de la democracia liberal, la automatización frente a los derechos fundamentales y el tema del reconocimiento de quienes piden ser escuchados.

P.

¿Y van a abordar el tema de las marchas en Latinoamérica?

R.

Hay allí un eje temático que necesariamente toca temas de reconocimiento de identidad y lo que queremos es oír sobre esto a la academia, a los magistrados. Entonces sí habrá un análisis de lo que hemos llamado crisis de la democracia liberal y el tema del reconocimiento y teóricamente se vincula con el tema de las marchas.

P.

Entiendo que tiene la Corte un proyecto de modernización con el BID...

R.

El BID viene trabajando en un programa de transformación y que se trata de instituir en Colombia la justicia digital, que los ciudadanos encuentren a la justicia cumpliendo su función con eficiencia y eficacia. Ahora, esto del proyecto de transformación digital con el BID está arrancando su fase de viabilidad y lo que quisiéramos tempranamente obtener del mismo es una herramienta tecnológica para el procesamiento ágil y rápido de la tutela, porque la peor de las injusticias es la justicia tardía.

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