El Heraldo
Política

Congreso aprobó proyecto de ley para la paz total

El legislativo votó a favor del marco legal para las negociaciones y acercamientos con grupos armados. La incitativa pasó a plenarias.

 

Después de siete horas de discusión, las Comisiones Primeras del Congreso de la República aprobaron en primer debate el proyecto de ley de Paz total. Se trata de la iniciativa que prorroga la Ley 418 de 1997, conocida como de Orden Público.

“La meta del Gobierno es lograr que la paz se convierta en una política de Estado que garantice la seguridad humana y la construcción de la paz total”, dijo el ministro del Interior, Alfonso Prada, durante el debate.

El funcionario explicó que este es un instrumento jurídico con el que se busca “unir al país en torno a la paz”.

“Todos los Gobiernos necesitan de la Ley 418; la aprobación de este Proyecto hará que podamos salvar vidas ya que, permite desarmar a los violentos y evitar masacres. Nuestro propósito es darle a Colombia una sociedad en paz”, dijo el presidente del Congreso, Roy Barreras.

El parlamentario Ariel Ávila explicó que, según lo aprobado este lunes, se crearán en el país unas  regiones de paz donde están ubicados los municipios del Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), los cuales han sido  golpeados por el conflicto y  en los que aún hacen presencia organizaciones criminales.

Con la creación de estas regiones se priorizará la inversión y se creará el servicio social militar, que será un complemento del servicio militar obligatorio.

Señaló que con esta iniciativa se darán instrumentos al Estado para la negociación con grupos armados. Así como también los acercamientos con estructuras criminales para procesos de sometimiento a la justicia, ambas disposiciones en el marco de los nuevos conceptos: seguridad humana y paz total.

“Esta es una gran noticia para el país. Solo quedan las discusiones en las plenarias para la aprobación de este marco general que le permite al Gobierno generar una política pública de paz total.

Entre tanto, la senadora Paloma Valencia criticó la iniciativa y afirmó: “El gobierno Petro propone que los acuerdos parciales y totales con grupos ilegales serán políticas públicas; es decir obligatorias para todas las ramas. Ya no se requiere fast track con la firma del Presidente y los criminales quedamos todos amarrados. Es incorporación automática”.

Agregó: “Pedimos que haya información sobre lo que vayan negociando en las múltiples mesas; sin embargo perdimos. El gobierno insiste en el secreto absoluto frente al congreso y el país”.

Por su parte, el senador Humberto de la Calle indicó: “No a los acuerdos con desertores. Cuidado y contundencia con quienes incumplieron los acuerdos de La Habana. El camino con ellos es la justicia ordinaria. Si hay lugar para alivios deben ser aquellos que se tramiten a juicio de la Fiscalía”.

Agregó:“repensar acuerdos parciales y regionales simultáneos a la conversación principal. Los acuerdos no pueden perder su capacidad de cohesión y de coordinación. Recordar el adagio de La Habana: “Nada está acordado hasta que todo esté acordado”.

 

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