El Consejo Nacional Electoral (CNE) rechazó este viernes, “de manera categórica, las declaraciones, ataques personales y señalamientos” contra los magistrados que el jueves sancionaron la campaña presidencial de 2022 del mandatario, Gustavo Petro, por financiación irregular y violación de topes de gastos.
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El CNE, la máxima autoridad electoral del país, resaltó en un comunicado que “todas las actuaciones de la Corporación se desarrollan dentro de un proceso estrictamente ceñido a la Constitución, la ley y los reglamentos internos, y que las decisiones se adoptan de manera colegiada, motivada y transparente, sin atender presiones políticas, mediáticas o particulares”.
“Quienes participan en la deliberación y votación de las decisiones adoptadas por la suprema autoridad en materia electoral lo hacen en ejercicio de una función pública constitucionalmente protegida, por lo que se hace indispensable salvaguardar este cuerpo colegiado de todo ataque que pretenda deslegitimar o desacreditar su labor”, agregó.
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El pleno del CNE determinó el jueves, con seis votos a favor y tres en contra, que la campaña presidencial de Petro de 2022 excedió los límites de financiación en primera y segunda vuelta en más de 3.500 millones de pesos y recibió aportes prohibidos.
La autoridad electoral impuso multas al gerente de la campaña y actual presidente de la estatal petrolera Ecopetrol, Ricardo Roa; la auditora, María Lucy Soto, y la tesorera, Lucy Aydée Mogollón, que superan los 5.900 millones de pesos.
Colombia Humana, el partido de Petro, y la Unión Patriótica (UP) también fueron sancionados “de manera individual y con una multa equivalente a 583 millones” de pesos.
Petro calificó la sanción de una “trampa” de “la oligarquía y las mafias” para recuperar el poder y reiteró que su campaña fue “transparente y decente”.
El mandatario también criticó que uno de los magistrados que votó a favor de la sanción sea Majer Abushihab, abogado del alcalde de Medellín, el opositor Federico ‘Fico’ Gutiérrez, y afirmó que, con dicha decisión, pensaban “dar su golpe de Estado”.
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Por su parte, Roa anunció que apelará la sanción y se mostró “plenamente” confiado de que “la decisión no podrá ser diferente a absolvernos de todos los cargos o a declarar la caducidad de la decisión”.
En ese sentido, el CNE recordó en su comunicado que “los interesados cuentan con los recursos contemplados en el ordenamiento jurídico colombiano para controvertir las decisiones adoptadas, el virtud del debido proceso y el derecho a la defensa que les asiste”.
