Ad portas del inicio en firme de las campañas electorales de 2026, la Misión de Observación Electoral (MOE) presentó ante la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento Electoral su sexto informe, en el que se refiere a la fusión del Pacto Histórico, inscripción de cédulas, seguridad y violencia contra liderazgos, financiación de campañas, contratación de la organización electoral; e implementación de la Ley 2453 de 2025 sobre violencia contra las mujeres en política.
En lo relativo a Pacto Histórico, instan al Consejo Nacional Electoral (CNE) a definir con “prontitud” la personería jurídica del Pacto Histórico y el alcance de la consulta del 26 de octubre pasado con el fin de “dar certeza sobre listas al Congreso y eventuales consultas presidenciales de marzo de 2026”, eventos electorales sobre los que todavía hay dudas si podrá concurrir la coalición oficialista.
La MOE también observó comportamientos “atípicos” por alta inscripción de cédulas en 84 municipios, así como ausencias de inscripción en seis corregimientos departamentales; por ello recomendaron la verificación prioritaria por parte del CNE y la Fiscalía para “prevenir irregularidades y garantizar certeza en el proceso”.
A nivel departamental, tres territorios presentan tasas de inscripción significativamente superiores al promedio nacional: Norte de Santander con la más alta del país (22,46 inscritos por cada mil habitantes); seguido de Meta (19,27) y Vichada con (16,58).
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Pero no todo es negativo, ven una reducción general frente a 2021 en lo concerniente a seguridad y violencia contra liderazgos, pero dejan claro que ha habido un incremento de 33.3 % de violencia contra liderazgos políticos, así como altos niveles de violencia letal y secuestros, con una concentración en zonas rurales y CITREP (Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz).
“El accionar de grupos armados ilegales muestra expansión territorial y aumentos marcados en varios departamentos, lo que exige acelerar la implementación territorial del SISEP, alinear estrategias con la UNP, la Fiscalía, la Fuerza Pública y autoridades locales, y fortalecer medidas colectivas de protección con enfoque diferencial”, sugieren.
El informe subraya la necesidad de asegurar el funcionamiento y la consulta pública de Cuentas Claras para los comités promotores que buscan conformar Grupos Significativos de Ciudadanos, así como en las distintas etapas de las elecciones de Congreso y Presidencia 2026, al tiempo que recomiendan que se hagan reportes “veraces y oportunos” por parte de las colectividades participantes en los comicios del año próximo.
Asimismo, aborda la implementación de la Ley Estatutaria 2453 de 2025 sobre violencia contra las mujeres en política —con énfasis en URIEL, el protocolo interno del CNE y los protocolos partidarios. También destaca, los impactos de la desinformación y discursos estigmatizantes, proponiendo medidas de integridad informativa y alfabetización mediática.
El informe incluye un seguimiento a los gastos en proselitismo a través de redes sociales que han tenido un “notable” incremento en las últimas semanas. Solo entre marzo y el 3 de octubre de 2025, se identificaron 42 precandidaturas activas a través de sus cuentas en redes sociales, con un gasto acumulado de $799.040.985 pesos.
“Es importante señalar que los montos presentados corresponden al gasto total identificado en las cuentas oficiales de los aspirantes, pero no necesariamente implican que todos los anuncios estén directamente asociados a la promoción de la recolección de firmas o a la propaganda electoral”, señalan.
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En conjunto, los hallazgos y líneas de acción expuestas buscan “asegurar certeza jurídica, transparencia, seguridad y condiciones de participación inclusivas, con el fin de consolidar garantías para unas elecciones libres y confiables”.
