Ya se conoció el borrador del proyecto de ley de competencias que se radicará en el Congreso de la República para que pueda ser aplicada la aprobada reforma al SGP, que plantea aumentar las partidas presupuestales progresivamente hasta un 39,5% pero también las responsabilidades a las regiones del país.
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De acuerdo a lo que reveló el diario económico Portafolio, se trata de un documento que 176 páginas que propone que para la transición de 12 años en el incremento de las transferencias a las regiones se partirá de una base inicial que se calculará con los ingresos que tenga la Nación en el 2026.
Advierte la iniciativa que se deben equilibrar la presión de las regiones por más recursos con la capacidad fiscal limitada de la Nación.
También se esboza una categorización de acuerdo con las capacidades de cada departamento, distrito y municipio, que estarían clasificados en Distrito Capital, ciudades grandes, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4 y grupo 5, y cuyas características de revisarán cada tres años para que se actualice dicha categorización de manera permanente.
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Además, los recursos del SGP se entregarán de manera diferenciada, para que por ejemplo los municipios reciban una participación de propósito general, con autonomía de destinación, para funciones y proyectos descentralizados y prioritarios, y los departamentos accedan a una participación de desarrollo económico para financiar proyectos de carácter regional y cerrar brechas económicas entre sus municipios.
Así mismo, se crea el Fondo Especial de Ingresos y Transferencias que podrá ser vigilado en tiempo real por los ciudadanos y por la Contraloría. Y se establece el Sistema de Autonomía y Descentralización Territorial, conformado por los ministerios como el de Hacienda, Salud, Educación y Vivienda, además de Planeación y Función Pública, las secretarías territoriales de planeación y gobiernos indígenas, con el fin de garantizar que la transferencia de recursos se acompañe de asistencia técnica, acompañamiento financiero y coordinación intergubernamental.
Y concluye el articulado confirmando que el SGP seguirá financiando los sectores sociales que concentran la mayor parte del gasto como educación, salud, agua potable y saneamiento básico.
