Este jueves 12 de junio, miembros de la bancada del Centro Democrático presentaron ante el Consejo de Estado la demanda que el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay tenía preparada contra el ‘decretazo’ del presidente Gustavo Petro para convocar a la consulta popular.
De acuerdo con el senador Carlos Meisel, quien fue designado para anunciar el cumplimiento de la acción jurídica, Uribe Turbay preparó la demanda antes de sufrir el atentado, al intuir las acciones del mandatario.
“La bancada del Centro Democrático acompaña este trabajo que hizo Miguel Uribe antes del atentado, dándole cumplimiento a su voluntad y confiando en que la rama judicial va a proteger el derecho que tiene el Partido Centro Democrático y Miguel Uribe de intentar defender este país”, explicó Meisel a diferentes medios de comunicación.
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Asimismo, señaló que se presentaron dos denuncias contra el presidente Petro por ‘decretazo’ y sus ministros por firmarlo.
Procuraduría abre una indagación preliminar en contra de los ministros que firmaron el decretazo de la consulta popular
La Procuraduría General de la Nación informó en la tarde de este jueves sobre la apertura de una indagación preliminar en contra todos los ministros que firmaron el decreto con el que el Gobierno de Gustavo Petro convocó la consulta popular.
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En este sentido, en virtud del fuero disciplinario que cobija a los ministros del despacho, esa indagación la tramita la Sala disciplinaria de Instrucción.
“La Procuraduría General de la Nación garantizará, dentro de sus atribuciones, el respeto a la Constitución y al principio de independencia de los poderes con colaboración armónica entre sus órganos. Reitera su llamado a toda la ciudadanía y a las autoridades para acatar y obedecer los pronunciamientos judiciales que lleguen a proferirse con ocasión del decreto 639 de 2025″, explicaron.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cumplió este miércoles su promesa de convocar por decreto una consulta popular para que los ciudadanos decidan si aprueban la reforma laboral presentada por su Gobierno, iniciativas rechazadas por el Senado, lo que sus críticos consideran como una deriva al autoritarismo.
La fecha escogida no puede ser más simbólica pues en el Decreto 639 de 2025, el presidente dispuso que la consulta se hará el próximo jueves 7 de agosto, día en que cumple tres años en el cargo y comienza la cuenta atrás para el último año de su mandato.
La convocatoria de una consulta popular fue la herramienta encontrada por el mandatario para rescatar su reforma laboral, hundida por la Comisión Séptima del Senado en marzo, pese a que incluso destacados juristas han advertido que ese no es el camino porque el Ejecutivo no puede expedir decretos sobre asuntos que son competencia del Legislativo.
Para el investigador Rodrigo Uprimny, del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia), “el decretazo es groseramente inconstitucional”, además de “inconveniente e innecesario”, una opinión que comparten muchos expertos y políticos principalmente de oposición.
