Nuestro medio siglo de conflicto armado interno nos ha dejado una herencia de violaciones y abusos a gran escala de los Derechos Humanos. El número de personas que han sufrido las dinámicas de la violencia en nuestro país es alarmante. De acuerdo con el Registro Único de Víctimas (RUV), el conflicto en Colombia ha generado 8.405.265 víctimas. Desde una perspectiva Caribe, las cifras muestran distintos niveles de intensidad en términos de víctimas generadas por Departamento: Bolívar encabeza el listado con 363.166 y La Guajira se ubica en el último lugar con 123.761; entre estos dos extremos se ubican Magdalena, que registra 321.707; Cesar, con 309.905; Córdoba 259.603; Sucre 251.366; y Atlántico 159.511.
Sin embargo, pensar sólo en números finales nos daría una lectura plana del drama de la guerra. Hay que tener en cuenta la gravedad de las afectaciones y que en muchas ocasiones se constituyen en violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario que incluyen: desplazamiento forzado, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual, desaparición forzada, reclutamiento de menores, lesiones por efecto de minas, tortura y secuestro. Tales conductas, a la luz del Estatuto de Roma, constituyen crímenes de lesa humanidad y no son amnistiables en los términos del Acuerdo de La Habana.
En este contexto, uno de los objetivos de la Justicia Transicional es la realización de los derechos a la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición a favor de las víctimas. En el punto 5 del Acuerdo, el Gobierno nacional y las Farc acordaron que, más allá del castigo y la participación en política de los exmiembros de este grupo guerrillero, el foco de atención de la gestión e implementación del Acuerdo mismo tendrá que ponerse sobre las Víctimas, quienes han padecido en carne propia el flagelo de la guerra.
De acuerdo con las exigencias internacionales, en escenarios de transición de conflicto a paz (o de conflicto a posconflicto - posacuerdo), las víctimas, además de ser reparadas, deben participar efectivamente en la definición de las estrategias para lograrlo.
Los procesos de transición deben buscar, primero que todo, el reconocimiento de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Desde esta fase, la participación de las víctimas debe ser activa y efectiva. Debe incluir una perspectiva de género que permita efectuar un análisis de las especificidades de las mujeres, hombres y niños. Las organizaciones de la sociedad civil deben contar con todas las garantías y los espacios para participar. En este sentido, una de las recomendaciones que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos le ha realizado al Estado colombiano en su más reciente informe ha sido instar '…a las entidades del Estado a incluir a las víctimas en la planificación y elaboración de presupuestos, a diseñar mecanismos flexibles para la implementación en los ámbitos local y nacional, y a garantizar la rendición de cuentas periódica y basada en resultados y la transparencia de todas las acciones'. Sin lo anterior, el proceso no podrá cumplir de forma determinante con sus objetivos.
En cuanto a la reparación, su importancia radica en el enfoque integral que esta tiene respecto a los otros componentes de la justicia transicional. En efecto, la reparación integra medidas de: restitución, indemnización, rehabilitación, verdad, garantías de no repetición y prevención de las violaciones a los Derechos Humanos. En este punto preocupa que han sido identificadas y expresadas graves falencias del Estado en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC), y de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, las cuales fueron consignadas en el ya citado informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
En materia de DESC, por ejemplo, en La Guajira, entre enero y noviembre de 2016, el Instituto Nacional de Salud reportó 352 casos de niñas y niños con bajo peso al nacer y 75 muertes por desnutrición, de los cuales el 16% tenían menos de cinco años. En cuanto a defensores y defensoras de Derechos Humanos en 2016, se registraron 389 ataques de los siguientes tipos: 59 homicidios; 44 ataques; 210 amenazas (69 colectivas); 72 violaciones a los derechos a la privacidad y la propiedad (incluyendo fotografías, vigilancia y robo de computadores); tres desapariciones forzadas; y un caso de violencia sexual. Entre las 59 víctimas asesinadas estaban cuatro mujeres, seis líderes indígenas, tres líderes LGBTI, tres sindicalistas, un líder afrocolombiano y dos líderes juveniles.
La importancia fundamental de esto último, radica en que la paz como concepto amplio será sostenible, no sólo en la medida que se implemente el Acuerdo, sino también en la medida que en la sociedad no se sigan presentando violaciones a los Derechos Humanos. La sociedad está en el momento para exigirlo del Estado.
Por Javier Tous. Director, Centro de Derechos Humanos del Caribe. Universidad del Norte.
