ArchivoGustavo Petro, alcalde de Bogotá, durante la indagatoria ante el Consejo de Estado.El Consejo de Estado cuenta con 60 días contados a partir de ayer para definir si mantiene o no la investidura al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quien ayer compareció en audiencia pública .
El Alcalde declaró ante el alto tribunal por una demanda de pérdida de investidura que le fue instaurada por el concejal Orlando Parada, quien advierte que Petro ejerció como congresista luego de haber sido condenado por el delito de porte ilegal de armas en 1985 y que la inhabilidad también lo cobija para ser Alcalde.
Petro se defendió y aseguró que en octubre de 1985 no lo capturaron “por ser un delincuente común”. “Me capturaron por ser jefe del M-19 en Zipaquirá, y por eso me llevaron al Cantón Norte donde ocurrieron oscuros episodios”, dijo.
El mandatario compareció varias horas en el Consejo de Estado y añadió que en su caso no se cumplió una sentencia judicial porque fue condenado por un tribunal militar, que regía por el estado de sitio decretado en 1984, una medida de excepción que ya no existe.
El argumento de Petro fue avalado por la Procuraduría que afirmó que no se conoce sentencia judicial y que el delito de porte ilegal de armas era conexo al de rebelión.
“Se deben desechar los cargos que se imputan en la demanda”, aseguró el Procurador quinto, representante del Ministerio Público.
La Procuraduría consideró que el tiempo que duró Petro en prisión no es causal para su muerte política.
La intervención del Procurador Quinto Delegado ante Consejo de Estado estuvo interrumpida por las protestas de exmilitantes del M19 en el recinto de la sala de audiencias, donde se desarrolla la diligencia.
Según la Procuraduría, el hecho ocurrió antes de entrar en vigencia la Constitución de 1991, en el marco de la medida de excepción que ya no rige: el estado de sitio.
