10 familias costeñas que se beneficiaron con Agro Ingreso

Poderosas familias y empresas magdalenenses subdividieron predios, concurrieron a varias convocatorias y recibieron subsidios por $25 mil millones, sin cumplir los requisitos exigidos.
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Poderosas familias y empresas magdalenenses subdividieron predios, concurrieron a varias convocatorias y recibieron subsidios por $25 mil millones, sin cumplir los requisitos exigidos.

De los 11 grandes productores del campo a los que el exministro Andrés Felipe Arias, a través del programa Agro Ingreso Seguro, AIS, les entregó subsidios por 25 mil millones de pesos, 10 son costeños.

El exfuncionario de confianza del gobierno del expresidente Álvaro Uribe, sentenciado el jueves a 17 años y cuatro meses de cárcel, que por ahora no está pagando por estar prófugo en Miami, fue hallado culpable de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por “robar dineros públicos para entregárselos a otros”. Y estos otros son, en su mayoría, poderosas familias y empresas del Magdalena.
Lo que hizo Arias para que los subsidios llegaran en 2007, 2008 y 2009 a José Francisco Vives Lacouture, Banapalma, Alfredo Lacouture Dangond, Orlandesca, Biofrutos, Inverjota, Daabon, Agroindustrias JMD, Inagro y Almaja fue, según la Corte Suprema, ubicar en el comité evaluador de los proyectos, tarea a cargo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, Iica, a uno de sus hombres cercanos, quien, además, hacía parte del grupo político de los Vives.

Así lo establece el máximo tribunal de la justicia ordinaria: “Carlos Manuel Polo, exfuncionario del Incoder por nombramiento de Arias, y miembro del grupo político del senador Luis Eduardo Vives Lacouture, participó como contratista del Iica y miembro de la Unidad Coordinadora de AIS en la evaluación y declaración de viabilidad de los proyectos cuestionados”.

Polo revisaba, de hecho, los proyectos cuestionados. Es decir, los que “fueron inicialmente declarados no viables por el panel de evaluadores por varias irregularidades sustanciales”. Estos proyectos inicialmente rechazados, luego, por arte de magia, “en el panel de expertos que se creó al interior del Iica, (…) se declararon viables, sin establecer los motivos o las razones del cambio de concepto”.

Según el alto tribunal, que cita a la Fiscalía, “el verdadero propósito del ministro se probó en el juicio, donde se estableció que los beneficiarios del programa fueron convocados para apoyar la campaña política” del entonces precandidato presidencial conservador.

El interés político “se acreditó con el testimonio de Alfonso Vives Caballero, quien informó la solicitud de apoyo que un promotor de la campaña le hizo, al igual que a su padre y a su primo”.

Así mismo, recuerda la Corte, “los gestores de recursos en Santa Marta fueron Édgar Polo y Sarita Noguera, el primero consiguió el apoyo monetario de miembros del grupo Daabon, (…) y la segunda era la progenitora de Carlos Gutiérrez, para ese momento secretario general del Ministerio”.

El favorecimiento a estos empresarios del campo, por supuesto, iba al mismo tiempo en contra de los pequeños campesinos, pues aunque hubo más subsidios para los pequeños, los montos que recibían eran irrisorios. Por ejemplo, en la primera convocatoria de 2008, un gran o mediano productor, como los citados anteriormente, podía recibir en promedio hasta 69 millones de pesos, mientras que uno pequeño recibía tan solo 5 millones, a pesar de que se suponía que el AIS iba dirigido, precisamente, a proteger a estos débiles labriegos frente a los TLC y a paliar la abismal desigualdad en lo rural.

En toda esta trama, la parte a cargo de Arias fue establecer desde el monto de los subsidios hasta la forma de calificar los proyectos para que salieran escogidos sus amigos; mientras que los beneficiarios recurrieron al “fraccionamiento ficticio de un inmueble para presentar proyectos vinculados con los predios resultantes como si se tratara de diferentes fincas”, se expresa en la sentencia.

Y entre ambos pactaron la “asignación y entrega, en idéntica o en sucesiva convocatoria, de varios subsidios para el mismo grupo familiar y/o empresarial”, y la “obtención de subsidios para proyectos que no satisfacían los requerimientos técnicos de la convocatoria”. (ver infografía)

Grupos agroindustriales favorecidos con Agro Ingreso Seguro en la Costa Caribe

Grupo José Francisco Vives Lacouture
Inés Margarita Vives Lacouture obtuvo en 2007 la suma de $435 millones; en 2008 recibió $319 millones y luego $468 millones; Nelson Felipe Vives Lacouture, $464 millones; José Francisco Vives Lacouture (cuyo proyecto fue declarado inicialmente no viable) se benefició con $552 millones, y en 2007 Carmen Helena de Fátima Calle Ceballos, esposa de Nelson Vives recibió $476 millones.

Grupo Banapalma
Roberto Eusebio Vives Lacouture solicitó $464 millones, luego otros $462 millones y finalmente $436 millones más; María Luisa Zúñiga Vives obtuvo $479 millones; María Teresa Vives Lacouture recibió $479 primero y $348 millones después; Patricia Vives Lacouture solicitó un apoyo por $465 millones; Silvia Rosa Campo Vives requirió $438 millones; Roxana María Castro Solano pidió un apoyo por $479 millones; Álvaro Luis Vives Lacouture requirió $477 millones y luego obtuvo $419 millones.

Grupo Alfredo Lacouture Dangond
Alfredo Lacouture solicitó en 2007 la suma de $416 millones de pesos, $474 millones y $472 millones, y en 2008 otros $457 millones y $412 millones. Alfredo Luis Lacouture Pinedo obtuvo un apoyo de $479 millones. Victoria Eugenia Lacouture Pinedo fue beneficiada en 2007 con $476 millones y en 2008 con $353 millones. En 2007, Alberto Mario Lacouture Pinedo obtuvo $471 millones y $366 millones en 2008. Isabel Mónica Pinedo de Lacouture resultó favorecida con 399 millones. Y Juan Manuel Fernández de Castro obtuvo $473 millones.

Grupo Orlandesca
Andrés Felipe Vives Prieto fue beneficiado en 2007 con un apoyo de $468 millones por el predio ‘Olga Isabel’ y en 2008 con 409 millones por el ‘Olga Isabel II’, y luego con $355 millones, a pesar de que uno de los proyectos fue “inicialmente rechazado” y “acogido en el nuevo examen”.

Grupo Biofrutos
Biofrutos obtuvo $442 millones y su representante, Jorge Francisco Tribín Jassir, otros $414 millones, aunque era una “solicitud de recursos para un mismo tipo de obra en un único predio”. Javier Dangond Lacouture y Miguel Ernesto Dangond Lacouture eran los propietarios del bien.

Grupo Inverjota
Camilo Jaramillo Hincapié obtuvo dos veces desembolsos por $547 millones, a pesar de haber tenido calificación desfavorable, variada por el “grupo de expertos” en el nuevo examen.

Grupo Daabon
Germán Zapata Hurtado recibió $409 millones y luego $479 millones; Luis Miguel Vergara Díaz Granados, $398 millones; Guillermo Barrios del Duca logró un apoyo por $469 millones; Alberto Francisco Dávila Abondano por $463 millones; Jesús Carreño Granados,  $414 millones; Alfonso Dávila Abondano $192 millones y Juan Carlos Dávila Abondano $247 millones.

Grupo Agroindustrias JMD
Juan Manuel Dávila Jimeno recibió un apoyo de $442 millones y luego $445 millones; Ana María Dávila Fernández de Soto obtuvo $448 millones; Juan Manuel Dávila Fernández de Soto recibió $435 millones; María Clara Fernández de Soto obtuvo $448 millones y Valerie Domínguez Tarud, declarada inocente, declinó recibir $306 millones.

Grupo Inagro
Nicolás Simón Solano Tribín obtuvo en 2007 un apoyo de $408 millones y en 2008 de $455 millones; Gustavo Solano Tribín fue beneficiado con $418 millones, aunque las dos primeras “fueron rechazados por los calificadores y validadas luego por el grupo de expertos”, dice la sentencia condenatoria.

Grupo Almaja
Alfonso Enrique Vives Caballero recibió $406 millones y luego $437 millones, a pesar de que la propuesta “declarada inviable”, posteriormente “fue avalada por el grupo de expertos”.

 

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