Continuidad de Petro en el cargo depende de Santos
El procurador Alejandro Ordóñez le pidió al presidente no dilatar el proceso. Defensa espera que la CIDH solicite medidas cautelares rápidamente.
En una decisión simultánea, y luego de regresar de vacaciones, el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado negó la recusación y el recurso de reposición que habían interpuesto ante su despacho los abogados del alcalde Gustavo Petro Urrego, y ratificó la decisión que había tomado el pasado 9 de enero cuando lo destituyó e inhabilitó por 15 años.
Ahora, la capital cae en una suerte de limbo administrativo mientras se conoce si el presidente Juan Manuel Santos firma o no el decreto de destitución, o si se conoce antes un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las medidas cautelares que Petro solicitó con el fin de que no le sean vulnerados sus derechos políticos.
En sus argumentos para ratificar el fallo y negar la recusación, Ordóñez Maldonado negó intereses políticos o ideológicos y sostuvo que, al cambiar el esquema de recolección de basuras en diciembre del año 2012, el alcalde incurrió en las faltas gravísimas de violar los principios de libre empresa y de protección al medio ambiente.
Es necesario recordar que el burgomaestre tomó la decisión de desprivatizar el servicio de aseo atendiendo una sentencia de la Corte Constitucional que le ordenaba, entre otros asuntos, vincular a los recicladores. Petro denunció también los sobrecostos que durante varios años los bogotanos pagaron a los operadores privados encabezados por los empresarios William Vélez y Alberto Ríos.
Varios expertos consultados por EL HERALDO explicaron los recursos jurídicos con los que ahora cuenta Petro para mantenerse en el cargo y ejercer su derecho a la defensa. Luis Fontalvo, que hasta hace poco hizo parte del equipo de abogados de Petro, explicó que además del trámite que cursa en la CIDH, en este momento en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca hay una acción de tutela mediante la que se denuncia la vulneración de los derechos fundamentales del alcalde Petro.
Dicho recurso _agrega Fontalvo_ sólo puede ser fallado ahora que se conoce la ratificación del fallo proferido por Ordóñez, el cual no sólo viola los derechos del mandatario sino los de la ciudadanía que lo eligió. Para Fontalvo, lo más prudente que puede hacer el presidente Santos es esperar que el pueblo decida si revoca o no el mandato de Petro acudiendo el próximo 2 de marzo a las urnas, que es un escenario natural de la democracia.
Considera el experto que de acuerdo con el artículo tercero de la Constitución Nacional, la soberanía reside en el pueblo y que por tanto el del procurador es un poder derivado del pueblo, es decir, a este no se le puede imponer una decisión proferida por un poder derivado más, en este caso, que no hay una sentencia proferida por un juez que condene al alcalde por la comisión de un delito.
Por su parte el abogado Rafael Barrios, representante de los intereses de Petro ante la CIDH, aseguró que una vez conocida la ratificación de la Procuraduría, dicha comisión podría pronunciarse en breve tiempo si otorga o no medidas cautelares para que no se violen sus derechos políticos.
Barrios recordó que el caso Petro lo conoce la CIDH desde el 27 de octubre del año pasado, de tal manera que dicha instancia tiene suficientes insumos para tomar una decisión a favor de las medidas cautelares, más cuando hay antecedentes de funcionarios públicos de México y Venezuela que fueron cobijados con tal derecho.
De otro lado, el abogado y representante a la Cámara Germán Navas Talero reafirmó que Colombia acogió en su Carta Magna el Pacto de San José, por lo tanto, son vinculantes las decisiones que adopte la CIDH. Aclara, tal como hace el exmagistrado José Gregorio Hernández, que a l presidente Santos lo asiste una figura llamada excepción de inconstitucionalidad en la que se puede soportar si considera que el fallo de Ordóñez Maldonado viola la Constitución.
Santos tiene un plazo de diez días para firmar el decreto de destitución, si eso llegase a pasar tendría que escoger de una terna un alcalde interino, mientras en los siguientes dos meses convoca a unas elecciones atípicas.
Y de nuevo en la plaza de Bolívar, el alcalde Petro convocó una multitudinaria, pacífica y voluntaria marcha en la que miles de personas le escucharon decir, entre otras cosas que “si de aquí al miércoles la justicia actúa, nos reuniremos de nuevo y en grande a festejar el triunfo popular”.
Convocan movilización
Luego de que la Procuraduría anunciara la confirmación del fallo de destitución e inhabilitación por quince años contra el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, sus simpatizantes se dieron cita en la Plaza de Bolívar para rechazar la decisión del Ministerio Público. Durante la manifestación, el mandatario de los bogotanos le pidió al presidente Juan Manuel Santos que no se desespere en firmar el decreto para darle cumplimiento a la orden de la Procuraduría General. Mientras los petristas gritaban “Petro amigo, el pueblo está contigo”
Urgen medidas a la CIDH
El abogado Rafael Barrios, que representa al alcalde Gustavo Petro ante la CIDH, urgió a ese organismo a que tome las medidas cautelares pedidas porque si lo hace después de que Santos firme la destitución de Petro no servirán de nada.
“Si las medidas de la CIDH llegan después de la firma del presidente, ya no habría nada que hacer. Ahí el caso pasaría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), pero tardaría unos cuatro años que le devolvieran los derechos políticos a Petro”, manifestó el letrado.
Referendo no va
El registrador nacional del Estado Civil, Carlos Ariel Sánchez, anunció que tan pronto se conozca la posible destitución oficial del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, se suspenderá el referendo que cuestionará la revocatoria de su mandato, convocado para el próximo 2 de marzo. (Leer Registraduría suspenderá referendo si Petro es destituido oficialmente).
El registrador dejó entrever que espera el pronunciamiento del presidente, Juan Manuel Santos, quien será quien firme o no la decisión del procurador general, Alejandro Ordóñez, de destituir e inhabilitar por 15 años al alcalde Petro.
Sánchez dijo además que los recursos que estaban destinados para el referendo, calculados en 30.000 millones de pesos, también serían suspendidos.
