Al tiempo que la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra Zúñiga, demanda del Gobierno Nacional, a través de su Ministerio de Defensa, estrategias que permitan frenar la expansión del Clan del Golfo en su territorio y así contrarrestar las acciones delictivas del Grupo Armado Organizado, la Iglesia Católica, junto a organizaciones sociales, solicita el cese al fuego.
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Los pronunciamientos se derivan de la grave situación de orden público y de confinamiento en la que se encuentran las comunidades indígenas arhuacas que están ubicadas en la zona rural del municipio de Aracataca por cuenta de los enfrentamientos que libran desde hace más de tres semanas los integrantes del Clan del Golfo con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).
Ha sido tal la magnitud de los combates entre los alzados en armas ilegales que la población civil ha pagado hasta con sus vidas y otro tanto ha resultado herido, entre ellos niños, que hoy completan cinco días recibiendo atención médica en el Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, en la ciudad de Santa Marta.
Para lograr la evacuación de los heridos y de los cadáveres –tres por el momento– hubo una misión humanitaria solicitada por la Defensoría del Pueblo la noche del sábado 7 de marzo y a la que accedieron los insurgentes. Además, contaron con el apoyo de la gobernación del Magdalena y el Bienestar Familiar.
Fueron tropas del Ejército Nacional las que con un helicóptero realizaron la evacuación de los más afectados, quedando en la zona de la cuenca del río Aracataca, en el sector de La Fuente y Serankwa, este último un asentamiento indígena, un pueblo confinado. Ante esto último es que las autoridades, la Iglesia y la sociedad civil organizada reclaman acciones que permitan que la tranquilidad retorne a estos territorios ancestrales.
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En la carta abierta que la Diócesis de Santa Marta, representada por el obispo José María Bacci, y las organizaciones defensoras de Derechos Humanos y la Fundación Cultural Afroresiliente le piden a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y al Clan del Golfo que cesen los enfrentamientos, también demandan la protección de la población civil que atraviesa una grave situación humanitaria y se encuentra sumergida en el miedo.
“Comunidades como Serankwa, Sabana Gobierno, Dwinawimmaku y Gunmaku enfrentan hoy una situación crítica caracterizada por personas heridas, confinamientos, desplazamiento forzado, desapariciones y destrucción de viviendas y bienes de subsistencia, afectando gravemente la vida comunitaria y el ejercicio de sus derechos fundamentales”.
Advierten además los mandatos de los Convenios de Ginebra y el Protocolo Adicional II y el Derecho Internacional Humanitario (DIH), y les recuerdan a los miembros de los grupos armados ilegales que “los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y afrodescendientes de la Sierra Nevada de Santa Marta son sujetos de especial protección constitucional y portadores de un legado cultural, ambiental y espiritual fundamental para el país y el mundo. Su protección es un deber ético, jurídico y humanitario que interpela a todos los actores”.
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Reclaman medidas
Por su parte, la Asociación de Productores del Pueblo Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta (ASORHUACO) expresó su profunda preocupación por la grave situación de orden público que se registra en sectores de la Sierra Nevada de Santa Marta y que ha dejado niños heridos, indígenas fallecidos y personas desaparecidas de las comunidades de Serankwa y Dwanwimaku.
Para ellos reina la incertidumbre y zozobra a pesar del respeto por la vida, que es una situación que los caracteriza.
Piden al Gobierno Nacional, a las autoridades competentes y a los organismos de Derechos Humanos que con urgencia adopten medidas eficaces que permitan garantizar la protección de las comunidades indígenas y la preservación de su territorio, que tiene una gran importancia ambiental, cultural y espiritual.
Reiteran la necesidad de que se respete la neutralidad de los pueblos indígenas frente al conflicto armado y se reconozca el derecho de las comunidades a vivir en paz dentro de su territorio ancestral.
“ASOARHUACO reafirma su compromiso con la defensa de la vida, la cultura y la paz, y continuará trabajando junto a las comunidades para proteger el territorio y fortalecer los procesos de desarrollo propio del pueblo arhuaco”.
‘El estado: responsable’
A su turno, el gobernador del Cabildo Arhuaco del Magdalena y Guajira, Luis Enrique Salcedo, confirmó que entre los heridos por los enfrentamientos hay un niño de seis años que fue atacado por los grupos armados.
Como autoridad indígena aseguró que “cualquier incursión armada violenta en nuestro territorio ancestral de La Sierra Nevada delimitado en la Línea Negra, debe ser rechazado, por lo cual no puede seguir siendo el campo de batalla de una guerra que no nos pertenece. El ruido de las balas debe ser reemplazado por la protección de la vida y del corazón del mundo y de quienes somos sus guardianes ancestrales. Hacemos responsable al Estado colombiano por cualquier pérdida de vida adicional derivada de la demora en la atención de esta emergencia”, puntualizó.
Alertas
A los anuncios de la gobernadora del Magdalena que dan cuenta de la presencia del Clan del Golfo en todos los municipios del departamento, se suman los de expansión de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) hacia otros territorios que hizo en las últimas horas la Defensoría del Pueblo a través de la Alerta Temprana de Inminencia 007 de 2026.
Según esta entidad, el grave riesgo de vulneraciones a los Derechos Humanos a causa de la acelerada expansión territorial y consolidación de las ACSN en los municipios de Cáchira y La Esperanza, Norte de Santander, fue lo que los llevó a emitir dicha alerta, en la que el escenario de riesgo se define por la incursión de las ACSN desde los departamentos de La Guajira, Magdalena y Cesar, buscando controlar un corredor estratégico que conecta con Santander, el sur de Bolívar y el Catatumbo.
“Esta estructura armada ha transitado de una presencia discreta a un control territorial efectivo, aprovechando el repliegue del Clan del Golfo autodenominado EGC y la vulnerabilidad institucional en la zona”.
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Advierte a su vez la Defensoría del Pueblo el riesgo crítico para niñas, niños, adolescentes y jóvenes porque vienen siendo blanco de estrategias de reclutamiento forzado y captación mediante ofrecimientos económicos o coacción para “proteger” a sus familias.
También lo están las servidoras y servidores públicos y personas lideresas sociales y defensoras de Derechos Humanos que han sido víctimas de amenazas de muerte por oponerse a las economías ilícitas o por el ejercicio de sus funciones, además de las comunidades campesinas de zonas rurales afectadas por la confrontación armada, personas previamente victimizadas por el conflicto armado, firmantes del Acuerdo de Paz, mujeres y hombres en situación de especial vulnerabilidad social y adultas y adultos mayores.
Víctimas del conflicto reciben ayudas
A través de la Oficina de Paz, la gobernación del Magdalena lideró la entrega de ayudas humanitarias a las familias de la zona rural de Aracataca que resultaron afectadas por los enfrentamientos de los grupos armados. Las ayudas incluyen alimentos, kits de aseo, utensilios de cocina, cobijas, juegos de cama, entre otros, para cubrir necesidades básicas e inmediatas de las familias víctimas del conflicto en el municipio de Aracataca, Magdalena.
“Hicimos acompañamiento a la recepción y entrega de ayudas humanitarias enviadas por la Unidad de Víctimas a las personas que fueron víctimas del conflicto armado en la parte alta de la Sierra”, destacó Luis Terán, jefe de la Oficina de Paz. La articulación entre la alcaldía, gobernación, Unidad de Víctimas y Defensoría del Pueblo ha permitido iniciar estos procesos y llevar ayuda de manera pronta a las manos de estas personas.
