Este martes 4 de noviembre se conmemoran 39 años de la desaparición forzada de Jorge Adalberto Franco Argumedo, comerciante de artesanías y líder social del Magdalena, víctima de un grupo paramilitar en asocio con agentes del antiguo DAS rural de Pivijay. Los hechos ocurrieron en la Hacienda Santa Martica, en jurisdicción de ese municipio.
Desde 1987, su esposa, Temilda Vanegas Fuentes, ha encabezado una incansable búsqueda por la verdad y la justicia, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y acompañamiento para otras familias de desaparecidos en la región Caribe.
Según su familia, el 4 de noviembre de 1987, Franco salió de Cartagena hacia San Jacinto, Bolívar con el propósito de adquirir artesanías. En el trayecto hacia Plato, Magdalena, fue interceptado y desaparecido junto a tres personas. Desde ese momento, Temilda emprendió una búsqueda que la llevó a recorrer estaciones de Policía, despachos judiciales y cementerios en todo el país.
Su recorrido la condujo finalmente al Cementerio Calancala de Barranquilla, donde le informaron que su esposo había sido sepultado como NN. Ante la falta de acción estatal, Temilda decidió actuar por su cuenta, de noche y con sus propias manos, excavó la fosa y reconoció el cuerpo por la dentadura y la ropa que él vestía.
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A pesar de ello, las autoridades tardaron 38 años en realizar la exhumación oficial, que finalmente se llevó a cabo en agosto de 2024. Los restos fueron trasladados a Bogotá para su identificación plena, pero hasta la fecha, Temilda no ha recibido el informe forense, por lo que su esposo sigue siendo considerado desaparecido.
Durante casi cuatro décadas, Vanegas Fuentes se ha formado en técnicas de búsqueda forense con el Equipo Argentino de Antropología Forense y, desde la organización Asfaddes, ha contribuido a la localización e identificación de decenas de personas desaparecidas, sin dejar de lado la causa de su esposo.
“Yo no lloré esa noche porque necesitaba ver con los ojos limpios”, expresó Temilda, quien asegura que su lucha continuará hasta que se confirme la identidad de los restos y se esclarezca la responsabilidad estatal y paramilitar en el crimen.
