Con la boca sellada como signo de intimidación e indefensión, los integrantes de la Mesa de Participación de Víctimas del Distrito de Santa Marta renunciaron a sus cargos. Los 12 miembros plantearon la dimisión en reunión con el secretario técnico, el personero samario, Chadán Rosado Taylor.
La decisión fue tomada debido a la falta de garantías a la seguridad de los líderes sociales y defensores de derechos humanos, por parte de la Unidad Nacional de Protección, UNP.
Tras reclamar paz, justicia y libertad –palabras escritas en la cinta con la que taparon sus bocas– pidieron al Gobierno nacional que estime la renuncia del director de la UNP, Pedro Elías González, quien hace días visitó la ciudad a raíz del asesinato de la suplente en la Mesa de Víctimas y activista afro Maritza Quiroz Leiva.
Rosado reconoció que luego de la conversación sostenida con el funcionario estatal les queda claro a los integrantes de este grupo que están pasando por un desafortunado momento.
'Varios de los miembros, en número no menor de 12, presentan intimidaciones y amenazas que no han sido resueltas pese a que se han hecho las denuncias pertinentes', dijo el personero distrital.
Recalcó que 'por parte de la UNP hay una indiferencia absoluta, que realmente no nos brinda garantías para continuar'.
'La plenaria decidió renunciar masivamente por no tener garantía en su representación a favor de las victimas del Distrito', anotó Rosado Taylor.
El defensor de los derechos humanos en Santa Marta pidió el concurso del procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, para que se apersone de la situación y con sus buenos oficios evitar que se retroceda al pasado reciente, cuando los paramilitares sembraron el miedo y el terror en la ciudad, en la Sierra Nevada.
La alta consejera para la paz y el posconflicto del Distrito de Santa Marta, Anabel Zúñiga, dijo que la renuncia de los integrantes de la Mesa de Víctimas es una decisión que respetan y que entienden como 'una forma de llamar la atención al Gobierno nacional, sobre todo a la UNP'.
Indicó que el ente territorial ha sido garante de los escenarios de participación y precisó que a la Mesa de Víctimas se le aprobó un presupuesto amplio para el plan de trabajo.
