Santa Marta. El Juzgado Sexto Administrativo de Santa Marta negó en primera instancia las pretensiones que por más de 5.000 millones de pesos pretende cobrar la empresa recaudos y tributos R&T, de propiedad del grupo español Inassa a la administración distrital, cuyo contrato fue liquidado anticipadamente.
La pretensión de la empresa es la de obtener ese recurso debido a que el gobierno local se negó a pagar unos impuestos que debía cancelarles.
La demanda de R&T había sido presentada ante la rama judicial el 13 de febrero del 2014, y a través de su apoderado reclaman tal suma por concepto de Impuesto al Valor Agregado, IVA, dejado de cancelar entre los años 2008 y 2010, en el marco del contrato celebrado en el 2002 entre la sociedad de recaudo y el Distrito.
No obstante, frente a la demanda, el Distrito asumió la defensa de los interés de la ciudad, y este 18 de mayo, la juez sexta Administrativa del Circuito, Evelsy Ebrath Emiliany, dictó el sentido del fallo, declarando que 'no se estuvo legalmente conformado el título ejecutivo presentado por el demandante'.
'Patrimonio se respeta'
El fallo de la justicia -prosiguió- es contundente pues advierte que no existía obligación de pago alguna a cargo del Distrito y negó las peticiones de la empresa R&T.
El alcalde Rafael Martínez se mostró complacido por esta decisión al asegurar que 'el patrimonio público ha quedado resguardado. No se escatimarán en esfuerzos para salvar al Distrito de los apetitosos intereses económicos de los concesionarios de la ciudad'.
'La decisión de los jueces en Santa Marta se respeta y la legalidad y el patrimonio público distrital ha quedado resguardado', anotó.
Para el mandatario, con esta decisión judicial la administración podrá invertir los dineros en la ciudad y en sus habitantes. 'No descansaremos hasta recuperar y salvar lo público de las garras de unos pocos. Confiamos en que se siga defendiendo la legalidad y la protección al patrimonio público'.
Este -anotó- es otro triunfo para la ciudad, en nuestro modelo de gobierno los intereses particulares jamás estarán por encima de los generales.
Recordó que en su oportunidad, el gobierno del exalcalde CarlosCaicedo logró terminar el contrato que le permitía el recaudo a la sociedad, liberando $148.000 millones, destinados a mejorar la calidad de vida de los samarios.
