Anomalías en comedores infantiles de 13 municipios
Defensoría halló problemas como cucharas oxidadas.
Incumplimiento de la normativa sanitaria, problemas de contratación y dificultades de infraestructura para el almacenamiento y manipulación de los comestibles, fueron algunas de las anomalías que encontraron los funcionarios de la Defensoría del Pueblo luego de realizar visitas de campo a instituciones educativas y de asistencia a niños en 13 municipios del Atlántico, La Guajira y Chocó.
Poblaciones como Manaure, Uribia, Riohacha, Maicao, en La Guajira; Quibdó, Unguía, Yuto, Alto Andágueda, en el Chocó; Malambo, Caracolí, Puerto Colombia y Tubará, en el Atlántico, presentan los mayores irregularidades en el funcionamiento de los programas de alimentación escolar y asistencia a los niños, niñas y adolescentes inscritos en esas regiones del país.
Según el informe elaborado por la Defensoría del Pueblo, “por la falta de calidad e inocuidad de los alimentos suministrados, en los centros educativos visitados se pone en riesgo la salud e incluso la vida de los niños y niñas que consumen alimentos en estos establecimientos”.
Atlántico. Uno de los casos reportados por la Defensoría es el de la Institución Técnica Agropecuaria de Tubará. Su directora, María Eugenia Barrero, afirmó que el colegio no cuenta con una cocina, no tiene comedor y que han adecuado mínimamente lo que era la biblioteca para que los niños almuercen. Así mismo, comentó que la situación se torna más difícil debido a que la comida la preparan en una casa a cinco cuadras de la institución y no hay quien transporte los 374 almuerzos. “Las personas de aquí no quieren traer la comida porque tienen que subir 60 escalones”, declaró.
Para que los menores de edad puedan recibir sus almuerzos —como lo manifestó la rectora— los alumnos de 11 grado, como proyecto de trabajo social, deben traer en horas del recreo los alimentos en una carretilla.
La Defensoría también llama la atención sobre la falta de planes de mejoramiento por parte de la Secretaría de Educación del Atlántico con el operador de los comedores escolares Unión Temporal Alimentar, incluso después de que se conociera la existencia de un informe de hallazgos microbiológicos, elaborado por la Secretaría de Salud del departamento y publicado por EL HERALDO el pasado 10 de julio.
“Sorprende que no se hayan iniciado actuaciones de tipo administrativo respecto al cumplimiento del contrato e incluso la solicitud de investigaciones de tipo disciplinario, fiscal y penal si a esto hubiere lugar ante los entes competentes”, indicó.
Desigualdad. En el trabajo de campo los funcionarios pudieron evidenciar el marcado desequilibrio y desarrollo desigual en la implementación y operación del Programa de Alimentación Escolar, PAE, en las zonas rurales con respecto a la urbana. Todo esto relacionado con las infraestructuras educativas, el almacenamiento y conservación en la que se encuentran los alimentos y capacitación de operadores, entre otros.
En la visita a los establecimientos seleccionados de igual forma se encontró que el personal manipulador de alimentos no cumple de manera exacta la normatividad sanitaria que está vigente, “lo que no garantiza la calidad e inocuidad de la alimentación que se suministra a los niños, niñas y adolescentes”, incumpliendo de esta manera con los lineamientos técnico- administrativos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) del Ministerio de Educación Nacional.
En diálogo con este medio de comunicación, Robinson Palomino, representante de Alimentar, señaló que no ha recibido ningún tipo de sanción por parte de las autoridades locales y que “desde antes del informe de la Secretaría de Salud departamental ya venían trabajando en la mejora de sus procesos”.
La guajira. La secretaria de Educación departamental de La Guajira, Bely Gnecco, aseguró que se siente complacida con la denuncia de la Defensoría del Pueblo y la ministra de Educación, Gina Parody, en cuanto a las irregularidades encontradas en la prestación del servicio de alimentación escolar en esta región. Sin embargo, pidió que se especificara cuáles eran los operadores que están incurriendo en estas faltas.
“El ministerio tiene un operador, la gobernación otro y los municipios también tienen sus operadores, por lo que es necesario aclarar para tomar los correctivos necesarios”, dijo la funcionaria.
Agregó que el departamento invirtió este año 37 mil millones de pesos en alimentación escolar en los 12 de los municipios no certificados, pero también aporta a los certificados que son Riohacha, Uribia y Maicao.
“Brindaremos todo el apoyo a las autoridades para verificar la prestación de este servicio a los estudiantes guajiros”, manifestó Gnecco.
Chocó. En el departamento del Chocó, según las conclusiones que establece la denuncia de la Defensoría, se evidencia la ausencia de una eficaz y eficiente articulación que permita seguir con los lineamientos técnicos del programa de Alimentación Escolar, expedidos por el Ministerio de Educación.
En la actualidad este proceso se encuentra en cabeza de tres operadores, dos pertenecientes a las comunidades indígenas y uno más, Fungescol, que remplazó a la Diócesis del Chocó.
