“Muchos wayuu comen cactus porque no hay nada más”
Tras la advertencia de HRW sobre el riesgo de supervivencia de la etnia, líderes dicen que en la Alta Guajira aún caminan kilómetros en busca de agua.
Entre tres y seis kilómetros debe recorrer Ender Epinayu, un joven de la comunidad Jolotsoin del corregimiento de Tawaira, en la Alta Guajira, para buscar agua en uno de los jagüeyes o pozos que están en la zona.
“Nos tenemos que levantar muy temprano para ir en burro o en moto si hay gasolina y traer agua para el consumo y para los animales”, explicó.
El relato lo hace en Sulu'upuna Woumain - Informativo Audiovisual desde Territorio Wayuu, la estrategia de comunicación que realiza la Red de Comunicaciones del Pueblo Wayuu en alianza con la Unicef desde los territorios indígenas para informar sobre cómo es la vida de los miembros de la etnia en medio de la pandemia de la COVID-19.
Elimenes Zambrano, miembro de la Red, afirma que en la zona extrema de la Alta Guajira no hay acceso al agua potable y por lo tanto no es posible cumplir cabalmente con las medidas para prevenir el virus, como el lavado de manos y la desinfección de los utensilios para preparar los alimentos.
“Las familias acuden a los pozos o jagüeyes y no es agua potable, porque los carrotanques de la Triple A, entidad contratante de la administración municipal de Uribia, no son suficientes y algunos no cumplen con el reparto en los diferentes corregimientos”, explica.
El abogado Carlos Balcázar, asesor de Shipia Wayuu, asegura que en muchas comunidades están comiendo cactus, porque no hay más nada que consumir.
En ese sentido, Zambrano asegura que poblaciones de Bahía Honda, Puerto Estrella y Tawaira han sido atendidas parcialmente, porque en mayo recibieron kits alimentarios, pero las autoridades no han suministrado más ayudas. “Hay que esperar que vuelvan o confiar en una bendición y que llueva pronto en la Alta Guajira”, manifestó.
La sequía, el hambre y la falta de agua son problemas históricos en las comunidades wayuu de La Guajira, que se han agudizado con la aparición de la pandemia de la COVID-19.
Así lo describe el informe de Human Rights Watch (HRW) y el Centro de Salud Humanitaria Johns Hopkins que advirtieron la agudización de la crisis humanitaria entre indígenas wayuu por efectos de la pandemia, a lo que se suman graves problemas como falta de agua, alimentos y desplazamiento de migrantes.
Los líderes que hacen parte de la Asociación Shipia Wayuu, quienes gestionaron las medidas cautelares otorgadas en diciembre de 2015, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de los niños, niñas y adolescentes de las comunidades de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao del pueblo wayuu, frente a temas que los aquejan como la desnutrición infantil, la falta de agua y el acceso a un buen servicio de salud, afirman que “el desacato de estas es lo que sigue causando daños irreparables a nuestro pueblo wayuu”.
Incluso afirman que en muchas comunidades las familias están consumiendo solo el cactus porque no tienen qué comer en esta cuarentena.
En febrero del 2017 y por considerar que las mujeres gestantes wayuu de los municipios de Manaure, Riohacha y Uribia, en La Guajira, también estaban en una situación de gravedad y urgencia y que su vida está en riesgo, la CIDH amplió estas medidas cautelares para que se garantice su vida e integridad personal.
A pesar de estas medidas y fallos, José Miguel Vivanco director para las Américas de Human Rights Watch, reitera en el informe que “las comunidades indígenas de La Guajira no tienen acceso a alimentos suficientes ni al agua necesaria para practicar una higiene básica, incluyendo para lavarse las manos, y la información y acceso a la atención en salud es sumamente deficiente”.
Niños, víctimas.
Para Vianco, esta situación ha contribuido a que durante años los wayuu hayan sufrido uno de los niveles más altos de desnutrición infantil en Colombia, lo que resulta sumamente preocupante en el contexto actual del Covi-19.
Según el Instituto Nacional de Salud, este año en La Guajira han muerto 22 niños a causa de la desnutrición o por motivos asociados.
Entre los años 2010 y 2018, en la peor crisis humanitaria en el departamento, un total de 4.440 niños fallecieron en hospitales y rancherías.
