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Un fiscal de turno formuló cargos contra el exgobernador de La Guajira, Jorge Eduardo Pérez Bernier, por su presunta implicación en el delito de contratación sin el cumplimiento de los requisitos legales en la modalidad agravada.

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Según el ente acusador, los eventos que se le atribuyen ocurrieron durante su mandato en el período 2008 - 2011, cuando al parecer Pérez Bernier se ocupó de la contratación del Plan de Aguas del Departamento que requería una inversión de 130 millones de dólares, suma de los cuales 90 millones serían de un préstamo del Banco Mundial y 40 millones provendrían de fondos públicos.

Para asegurar la entrega del dinero, la Gobernación de La Guajira tenía que adherirse a los procedimientos contractuales establecidos por la entidad financiera internacional y obtener dos cartas: una que aprobara los pliegos de condiciones y otra que confirmara la falta de objeciones para firmar el contrato.

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No obstante, la administración departamental no logró obtener el segundo documento que avalaría la contratación, y a pesar de esto, el entonces gobernador decidió avanzar con el proyecto y utilizar recursos de regalías para asegurar la asignación del presupuesto.

Suministrada a EL HERALDO/Suministrada a EL HERALDO

Por lo anterior, este contrato fue firmado con fecha del 30 de diciembre del 2010, por un monto de más de 5 mil millones de pesos, los que serían utilizados para mejorar tramos de alcantarillado sanitario en el barrio Arriba de Riohacha, donde aún se presentan las mismas problemáticas de hace 15 años.

Cabe indicar, que este sector se encuentra en el centro de la capital guajira, donde constantemente sus moradores se quejan por la falta del servicio de agua y el desbordamiento de aguas negras durante temporadas lluvias.

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Dicho contrato fue financiado completamente con fondos públicos, por lo que debía tramitarse conforme a las normativas establecidas en la Ley 80 de 1993, del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, que implicaba realizar una licitación pública con estudios sobre conveniencia y oportunidad, costos, entre otros elementos. Sin embargo, se siguieron las directrices del Banco Mundial, lo cual no era válido ya que la entidad internacional nunca otorgó autorización definitiva para las iniciativas relacionadas con el Plan de Aguas del Departamento.

En este contexto, determinaron que Pérez Bernier no habría cumplido con su responsabilidad de supervisar, controlar y vigilar la contratación. El antes mencionado se habría entregado a la justicia el pasado 10 de abril de la presente anualidad, tras ser procesado por presuntas irregularidades en la firma del contrato No. 770 del 27 de noviembre de 2009.

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El documento antes mencionado hace referencia a la construcción, ampliación y adecuación de la infraestructura educativa en el departamento, mismo que inicialmente tenía un costo de 90.000 millones de pesos, pero luego fue concretado en $134.000 millones, por lo que la Fiscalía lo acusa de los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros agravado por la cuantía.

En este orden de ideas, el exmandatario ya tendría dos acusaciones en su contra, ambas por irregularidades en la firma de contratos durante su mandato.