Eufrosina Reales, una de las víctimas de la explosión del gasoducto que se registró en el 2001 en Riohacha, murió como consecuencias de los quebrantos de salud que tuvo durante 16 años a causa de este hecho y esperando el cumplimiento de un fallo que la beneficiaba con una indemnización por parte de Promigas y el ministerio de Minas y Energía.
La señora, de 76 años de edad, sufrió graves quemaduras en todo su cuerpo quedando desde ese día incapacitada para trabajar. La misma suerte corrió su esposo Félix Herrera, cuyo fallecimiento se produjo hace cuatro meses.
Ambos se dedicaban a oficios varios en una finca que cuidaban en el sector de El Patrón, área rural del distrito de Riohacha. Por allí pasaba un tramo del tubo empleado para el transporte de gas natural, donde funcionaba la válvula reguladora, que explotó según las autoridades por acción de las Farc.
Este hecho, ocurrido hacia la medianoche del 21 de octubre del 2001, dejó siete personas muertas y once heridas, varios de ellos familiares de los esposos.
La pareja era beneficiaria del fallo que emitió el Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira, el cual confirmó la sentencia del Juzgado Segundo Administrativo Oral de Riohacha que obliga a Promigas y al ministerio de Minas y Energía a pagar indemnizaciones que suman unos $3.700 millones por el atentado.
El fallo fue favorable a Luis Carlos Martínez, quien promovió una acción de grupo en busca de que la compañía y el Minminas respondieran de manera solidaria por los perjuicios materiales y morales que ocasionó este hecho.
La presidenta del Tribunal Carmen Dalis Argote Solano explicó que 'era una acción de grupo con muchos accionantes, fue un hecho donde fallecieron siete personas y los afectados con la explosión solicitaron indemnización'.
Añadió que en este caso el Tribunal actuó como un juez de segunda instancia, por lo que el proceso no tendría que pasar el Consejo de Estado, que actúa en segunda instancia, pero respecto a las decisiones del Tribunal.
Entre los favorecidos con el fallo están los heridos, las familias de los siete fallecidos en el atentado y los propietarios, trabajadores y concesionarios de dos emisoras (Radio Almirante y Ondas de Riohacha, con daños en equipos transmisores) al igual que 13 propietarios de parcelas afectadas. En total son 48 personas las que deben ser indemnizadas.
Lo que dice Promigas sobre el tema
La empresa promigas asegura en un comunicado enviado a EL HERALDO, que fueron guerrilleros de las Farc, los que volaron el gasoducto Ballenas-Barranquilla, a la altura del sector de El Patrón y que con este hecho la entidad sufrió daños por $3.700 millones.
'Por primera vez en la historia jurídica del país, una empresa privada es obligada a asumir la responsabilidad frente a los efectos de las acciones terroristas de las que fue víctima', manifiesta esta entidad.
Agrega que 'dado que el Tribunal no tuvo en cuenta que: ni el evento ni sus consecuencias estuvieron relacionadas con fallas de seguridad técnica u operacional del gasoducto; que el origen de la tragedia fue provocado por un tercer en un acto terrorista; y que la instalación del gasoducto fue anterior a la llegada de habitantes a la zona en una ruta determinada previamente por licencias y estudios técnicos del ministerio de Minas; Promigas hizo uso del derecho que le asiste de -a través del mecanismo de tutela- con el fin de solicitar una revisión de esta determinación ante el Consejo de Estado, proceso que aún no ha finalizado'.
