Judicial

Duro golpe a red de pagadiario en Atlántico

La Policía asegura que la organización criminal recaudaba a diario $18 millones. Amenazaban a sus víctimas para que pagaran.

La banda operaba en toda Barranquilla, “desde el norte hasta el sur”, pero también tenía sus tentáculos en Galapa, Baranoa y Soledad. Amenazaban de muerte a las víctimas (especialmente de escasos recursos) cuando incumplían las elevadas cuotas de interés, lo que generaba temor y zozobra en los habitantes de esta región del país.

Esa era la estrategia y el radio de acción de una banda que por varios años se dedicó, según la Policía, a la modalidad de ‘gota a gota’ y que logró armar un emporio económico con la capacidad de lavar más de $10 mil millones, alcanzando a recaudar diariamente montos aproximados de $18 millones.

Su centro de operaciones de esta organización estaba ubicado en un edificio de la calle 72 con carrera 41B y tenía un organigrama empresarial bien definido compuesto por coordinadores de 18 rutas, que concentraba cerca de 200 clientes cada uno, es decir que el número de víctimas asciende a 3.600.

Las investigaciones que se concentraron por un periodo de 36 meses permitieron identificar que la organización criminal manejaba plataformas tecnológicas para llevar un registro de los microcréditos otorgados.

“Estas herramientas permitían tener un control minucioso de ingresos y egresos, ocultar la identidad de los clientes y hacer seguimiento satelital a los llamados ‘ruteros’, hombres que se encargaban de hacer las entregas de los dineros o realizar los cobros de los intereses. Esta labor, de entrega y cobro, al parecer, se ejercía por un componente de hombres armados que amenazaban a las víctimas”, precisó una fuente a EL HERALDO.

Por su parte, la Fiscalía indaga la aparente colaboración de empresas legalmente constituidas que, al parecer, suministraron carnés a los cobradores y ruteros de la red ilegal, y con los cuales estos se identificaban como mensajeros, todo con la participación de un exfuncionario público.

Las capturas

Fueron 11 personas las capturadas por estar involucradas en esta estructura criminal, que según las labores investigativas pusieron en evidencia a una pareja de esposos conocidos como ‘los Patrones’, quienes serían los encargados de administrar y controlar los préstamos. “También gestionaban las licencias de funcionamiento de los establecimientos de comercio y tramitaban los permisos de movilidad de los cobradores junto con otra persona conocida como ‘Oscar’”, detalló la Policía.

‘Mono’, era el encargado del control de las rutas de los ‘escoltas’ y ‘cobradores’ y de monitorear la aplicación móvil de los préstamos y recaudos. De igual forma, transmitía las órdenes de ‘los patrones’ a los demás integrantes de la red criminal.

‘Pulgar’, ‘David’ y ‘3Palacios’, fingían como escoltas responsables de los ‘cobradores’, a cargo de la supervisión de los datos ingresados a la aplicación móvil, de algunas rutas y la sectorización de las víctimas para la comisión de los hechos punibles de forma diaria.

Los otros capturados conocidos como ‘Omar’, ‘José’, ‘Eider’ y ‘Julio’ corresponden a los ‘cobradores’, responsables de recoger el dinero de las víctimas y de infundir las amenazas y el temor entre los habitantes de la zona en las que fueran designados.

Más detalles

Los investigadores evidenciaron que estas personas creaban empresas fachadas de estaciones de servicio de combustible y adquirían bienes muebles e inmuebles (casas, apartamentos, lotes, vehículos de alta gama, entre otros), para dar apariencia de legalidad al dinero producto de las actividades ilícitas que recaudaban.

Estas personas habrían declarado ante los organismos de control cerca de $300 millones en patrimonio y una deuda inexistente con proveedores por un valor de $1.500 millones.

En el momento de cruzar dicha información declarada, con la reportada por la Dian, se determinó que todo el movimiento de dinero lo realizaban en efectivo, con el fin de evitar la trazabilidad de los recursos y así poder inyectar dinero ilícito al torrente financiero.

Según la Policía, esta es la primera judicialización por el delito de lavado de activos a partir de la configuración de usura, en conexión con el enriquecimiento ilícito, lo que conlleva una pena que está contemplada entre los 3 a 30 años de prisión.

 

Un testimonio

Las declaraciones de una de las víctimas permitieron dar con el paradero de los miembros de esta red criminal.

“Los señores me prestaron un millón de pesos para pagarles 20 mil pesos diarios por 60 días, es decir, al 20%, pero cuando me entregaban la plata no me daban el millón, sino 900 mil pesos, es decir, que ya no era el 20, sino el 30%. Cuando me retrasaba llegaba un supervisor a amenazarme con groserías. Llegaba un tipo en camioneta que me amenazaba con quitarme el televisor, las cosas del apartamento", señaló el testigo.

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