La muerte de Yuleidis Fernanda Charris Reales, de 40 años, ocurrida días atrás en una la sala del Hospital Universidad del Norte de Soledad, a donde fue remitida en un intento agónico por salvarle la vida, no solo trajo un inmenso dolor para sus familiares y amigos de su natal Palmar de Varela, sino que también trajo de vuelta un oscuro tema que pareciera estar pasando desapercibido para las autoridades de salud en el Atlántico.
Al parecer, Yuleidis se practicó una cirugía estética en una de esas llamadas clínicas de garaje, en donde las condiciones de salubridad se habrían pasado por alto y una supuesta mala práctica en medio del procedimiento, aparentemente por personal no certificado, terminó pasándole factura a la mujer. Esa información reposa en el reporte policial de los peritos que realizaron la diligencia de levantamiento del cadáver, en el centro asistencial donde ella fue llevada finalmente.
“Según lo manifestado por un familiar de la víctima, esta se había realizado un procedimiento estético consistentes en reducción de los brazos, y retoques abdominales el día 30 de marzo del presente año en el barrio Las Nieves. El día de ayer (5 de abril) le manifiesta a su compañero sentimental sentir fuerte dolor, este la traslada al Hospital de Santo Tomás y es remitida al Hospital Universidad del Norte, a donde posteriormente fallece el día 6 de abril, hacia las 3:00 de la tarde”, se leyó inicialmente en el reporte de las autoridades.
Y luego, en el mismo parte quedó descrito que, según manifestaron los familiares, “la víctima se realizó un procedimiento estético de reducción de abdomen y brazos en un lugar clandestino (inmueble barrio Las Nieves), sin mayor información…”.
Esa versión coincidió con un comentario realizado posteriormente por una persona cercana a la mujer, quien, en diálogo con este medio y sin juzgarla, reveló que meses atrás la misma Yuleidis le había manifestado que se iba a practicar una primera cirugía estética con la finalidad de mejorar su aspecto físico, algo que no necesitaba -según su opinión- y ahora, con la nueva intervención, “no dijo nada. Ni siquiera antes de (la cirugía), quizás porque sabía que el lugar no era el indicado y porque también sabía que no estábamos de acuerdo con esos procedimientos”.
No obstante, la persona cercana a Yuleidis abrió la puerta a la posibilidad de que ella “pudo haber sido víctima de un engaño”, en el sentido de que se le vendió la idea de un procedimiento estético de altos estándares y con personal idóneo, y la realidad fue otra.
En ese sentido, EL HERALDO conoció que la Seccional Atlántico de la Fiscalía y detectives de la Sijín de la Policía Metropolitana hacen rastreos de datos relacionados con el caso de la palmarina.
Análisis de información
La abogada litigante Laura Gómez Torres aseguró que desde que leyó la noticia de Yuleidis Charris le llamó poderosamente la atención un patrón que ha visto en ocasiones anteriores, relacionado con mujeres que resultan severamente afectadas o muertas, como la palmarina, por mala praxis en procedimientos estéticos.
Según explicó, tras la viralización de algunos casos en redes sociales, ahora es mucho más fácil que aparezcan testimonios de personas afectadas que relatan situaciones similares, aunque “muchos prefieren guardar silencio por miedo a amenazas provenientes de perfiles falsos”.
La abogada afirmó que uno de los casos que representa corresponde al de una mujer joven que en enero de 2024 accedió, mediante engaños, a realizarse una “lipotransferencia glútea”, que era pasarse grasa abdominal o de caderas a los glúteos.
“El procedimiento fue ofrecido a través de una supuesta clínica llamada Medical Top, ubicada en Barranquilla, que a simple vista parecía cumplir con todas las condiciones de un centro médico formal. La víctima pagó cerca de 14 millones de pesos, además de gastos adicionales como exámenes y elementos postoperatorios”, descubrió Gómez Torres.
Sin embargo, el día de la intervención comenzaron las irregularidades. Según relató la abogada, a la paciente le informaron que el quirófano “no estaba disponible por reparaciones”, pero que el procedimiento podía realizarse en una camilla sin inconvenientes, en el espacio usado por la clínica localizada en el barrio Recreo.
“Durante la intervención no se cumplieron protocolos básicos de asepsia, no se utilizaron elementos estériles adecuados y la persona que realizó el procedimiento incluso manipulaba su teléfono celular y se ausentó en medio de la cirugía. Lo que debía durar dos horas se extendió por más de seis”, continuó.
Tras la intervención, la paciente comenzó a presentar fiebre, dolor intenso e inflamación en la zona intervenida. Pese a estos síntomas, la persona que la intervino le indicó que se trataba de “una reacción normal”. Días después, la remitió a un supuesto médico que le aplicó medicamentos directamente en los glúteos, lo que, según especialistas posteriores, habría agravado la infección al facilitar su propagación.
El estado de salud de la víctima empeoró progresivamente, lo que obligó su hospitalización en diferentes centros médicos de Barranquilla. Durante meses enfrentó infecciones severas (bacterias de la familia de la tuberculosis), necrosis de tejidos y múltiples procedimientos.
Finalmente, la afectada tuvo que ser trasladada a Bogotá por sus propios medios para recibir tratamiento especializado, ya que su condición requería atención que no encontraba en la ciudad.
“Medicina Legal determinó que sufrió secuelas permanentes, incluyendo deformidades físicas irreversibles”, afirmó la abogada.
Además explicó que las consecuencias para su cliente no solo fueron físicas, sino también psicológicas y personales. “La víctima vio afectada su estabilidad emocional y su vida familiar, llegando incluso a perder su matrimonio debido al impacto del proceso”, reveló.
La investigación
Conocido el caso y en el curso de la investigación, Gómez afirmó que se logró establecer que la mujer denunciada no era cirujana plástica ni médico general, sino fisioterapeuta, profesión que no la habilitaba para realizar procedimientos quirúrgicos. Además, la clínica donde ocurrieron los hechos no contaba con los permisos requeridos y fue posteriormente cerrada por la Secretaría de Salud Distrital.
A raíz de la difusión del caso, según lo expuesto por la abogada, surgió una nueva víctima de la fisioterapeuta que denunció haber recibido supuestas aplicaciones de bótox en los labios, las cuales en realidad habrían sido sustancias como aceite industrial o de cocina y silicona líquida. Estas se dispersaron por su rostro, generándole complicaciones que, después de algunos años, han requerido tratamientos incluso fuera del país.
Denuncia ante autoridades
Gómez indicó que, por solicitud de su cliente, se instauró en Fiscalía a finales de 2024 una denuncia por los delitos de lesiones personales y estafa y el proceso fue a parar a la Fiscalía Segunda Local de Barranquilla.
En esa agencia fiscal el proceso lo recibió el investigador Norbey Ruiz Correa, pero con tan mala suerte que en febrero de 2025 este terminó muerto a balazos, en medio de un atraco en el barrio Galán, sur de la capital del Atlántico.
Si bien se trató de una situación impensada, para la representante de víctimas frenó el curso de la investigación y pudo haber dado tiempo para que la persona señalada desapareciera.
No obstante, según Gómez, ya se agotó la etapa de conciliación sin resultados y se ha solicitado una orden de captura ante un nuevo fiscal asignado, teniendo en cuenta que la implicada no ha comparecido ante las autoridades.
La abogada también advirtió sobre fallas estructurales que permiten que estos casos se repitan, como la sobrecarga del sistema judicial, la ausencia de un ente disciplinario que supervise a los fisioterapeutas y las limitaciones en la capacidad de control de las autoridades de salud.
En ese sentido, de acuerdo con la jurista, estos hechos evidencian un patrón de operación: apertura de clínicas con distintos nombres, captación de pacientes mediante publicidad engañosa, realización de procedimientos irregulares y posterior cierre de los establecimientos para evadir responsabilidades. Esta dinámica, señaló, también dificulta los procesos de reparación económica, ya que las razones sociales desaparecen.
Finalmente, Gómez Torres hizo un llamado a las víctimas para que denuncien y a la ciudadanía para que comparta información que permita evitar nuevos casos como el de la palmarina Yuleidis Charris y el de su clienta que perdió parte de sus glúteos, al considerar que la visibilización en redes puede ser clave para frenar este tipo de prácticas ilegales.
Cirugías fallidas
Hay que señalar que no es la primera vez que una mujer muere en la ciudad a causa de procedimientos estéticos en lugares no reconocidos o por mala práctica en medio de cirugías estéticas.
En abril del año anterior, una joven cosmetóloga de 28 años murió en Barranquilla tras someterse a una liposucción clandestina realizada por su compañera de trabajo, en el consultorio donde ambas laboraban.
El procedimiento, ejecutado sin supervisión médica ni condiciones adecuadas, derivó en una reacción adversa a la anestesia que le causó la muerte a la mujer.
En ese momento, las autoridades investigaron el caso como un homicidio culposo y se evaluó la posible responsabilidad del centro médico. La familia de la víctima anunció acciones legales.
El jueves 31 de julio del mismo 2025 se reportó la muerte de una mujer, de 54 años, luego de someterse a un procedimiento estético en un apartamento ubicado en el barrio Chiquinquirá, en el suroriente de Barranquilla. La víctima fue identificada como Luz Estela Machado Rodríguez.
En marzo de 2024 se reportó la muerte de una ciudadana estadounidense llamada Evelyn Vargas Ayala, de 59 años de edad y nativa de la isla de Puerto Rico, pero residente en otro estado de la nación norteamericana.
Investigadores de la Sijín indicaron en su momento que la mujer llegó en solitario a la ciudad a practicarse varias cirugías estéticas en una clínica especializada, ubicada en la calle 81 con carrera 46.
La extranjera, al parecer, se sometió a una intervención quirúrgica por abdominoplastia, lipoescultura y una pexia mamaria bilateral o levantamiento de senos. Sin embargo, horas después de la cirugía entró por urgencias a la Clínica de la Costa, “presentando un sangrado posoperatorio en la herida abdominal”. Luego se confirmó su deceso.
Y en abril de 2022 otra ciudadana estadounidense llamada Dilay Escalante Contreras, de 42 años, murió luego de practicarse una cirugía bariátrica en una clínica tradicional de la ciudad.
En su momento, la familia de la mujer culpó de su muerte al cirujano que la intervino, quien años atrás había comparecido ante la justicia por diversos procesos investigativos en su contra.
