El pasado lunes 27 de octubre, el mismo día en que llegaba a su cargo como nuevo director de la Seccional Atlántico de Fiscalía, el fiscal especializado Daniel Gómez Acuña, nativo de Villavicencio, Meta, fue recibido con un escándalo dentro de esta regional del ente investigador por presunta corrupción judicial.
Se trató de un caso investigado en los últimos meses por detectives de la Dijín de la Policía Nacional y que, casualidad o no, derivó el mismo día de la llegada del nuevo director en las detenciones de los funcionarios activos del CTI Margarita Viviana Bula Trujillo, quien en algún momento ostentó el cargo de coordinadora del cuerpo de investigación, y Yarin Ernesto Pareja Marimón. Pero también dentro del mismo proceso investigativo cayó Abraham Elías Muñoz Guerra, hijo de dos funcionarios activos de la misma institución.
Los tres detenidos están vinculados a una investigación por concusión, falsedad en documento público, acceso abusivo a sistemas informáticos y asociación para cometer delitos contra la administración pública, tras hechos que habrían tenido su origen en julio de 2024.
De acuerdo con las investigaciones adelantadas por los miembros de la Dijín, los dos funcionarios de la Fiscalía detenidos se habrían valido de sus alcances en la institución para inspeccionar al menos tres procesos judiciales, “utilizando dos órdenes falsas de policía judicial”, amparados en un radicado inexistente.
Con eso, al parecer, el propósito era exigirle al alcalde de Sitionuevo, Magdalena, al menos 140 millones de pesos para no abrir o profundizar en una investigación en su contra.
El día viernes estaban programadas las audiencias de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento en contra de los tres indiciados, pero solo se habría llevado a cabo la imputación. La diligencia volvió a ser presidida de manera virtual por el juez Primero Promiscuo Municipal de Sitionuevo, Magdalena, quien decretó que estas fueran privadas por solicitud de la agencia fiscal encargada de la investigación y por los defensores contractuales de los detenidos, bajo los argumentos de una segunda etapa de investigación y por seguridad, respectivamente.
El 11 de noviembre se le daría continuidad a este mismo proceso.
¿Punta de iceberg?
Si bien hasta el momento no se ha descubierto más información de este caso que se destapó recientemente todo apuntaría a que sería la punta de un iceberg o se estaría frente a un caso de corrupción judicial de grandes proporciones, con más casos que no han salido a flote y que no solo incluiría a funcionarios de Fiscalía sino de otras entidades del Estado y de la misma Rama Judicial.
Cabe reseñar que a finales del mes de septiembre, en otro golpe de la Policía en el Atlántico, fue confirmada la detención de tres principales cabecillas de la subestructura ‘Carlos Daniel Fulaye Vargas’ del Clan del Golfo en este territorio. El operativo, que fue el resultado de una investigación de más de seis meses, también dejó al descubierto un grave caso de infiltración institucional.
En su momento, la Policía indicó que uno de los tres cabecillas citados en el organigrama de la estructura resultó ser un agente del CTI de la Fiscalía, a quien identificaron como Jorge Luis Santiago Charris, pero que dentro de la estructura criminal sería conocido como alias ‘Chiquito Cuello’ o “El del CTI”.
De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, este hombre habría suministrado información confidencial a los cabecillas del Clan del Golfo a cambio de beneficios económicos, además de coordinar reuniones clandestinas y reclutar personas de confianza para la organización criminal.
Santiago Charris, de 58 años, incluso habría integrado, durante un mes, el esquema de protección de una fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, destacada en Barranquilla, lo que aumentó la gravedad del caso.
Según la Policía, la subestructura ‘Carlos Daniel Fulaye Vargas’ estaría relacionada con al menos 17 homicidios cometidos entre 2024 y lo corrido de 2025, y mantenía alianzas delictivas mediante un esquema de outsourcing criminal con el Grupo Delincuencial Organizado (GDO) Los Pepes, especialmente en lo relacionado con el tráfico de estupefacientes.
Hay que resaltar que sobre este caso no ha vuelto a trascender información, al menos en medios locales.
El enfoque
El fiscal especializado Daniel Gómez Acuña sería el noveno funcionario del ente investigador que asume la dirección de la Seccional Atlántico en los últimos tres años.
Su nombre tuvo trascendencia a nivel nacional en enero de 2023 cuando imputó cargos al estadounidense John Nelson Poulos por el delito de feminicidio agravado y otros, en el caso del que resultó como víctima fatal la DJ Valentina Trespalacios.
En su momento, la minuciosa narrativa del fiscal Gómez Acuña sirvió para que en junio de 2024 el Juzgado Décimo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá condenara a Poulos a la pena de 512 meses de prisión, como autor responsable de los delitos de delitos de feminicidio agravado en concurso heterogéneo con ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.
EL HERALDO conoció por fuentes cercanas a la entidad que el cambio en la dirección de la Seccional obedecería a una estrategia del nivel central para resolver temas relacionados con delitos que atenta contra la vida, en relación a la unidad de Vida de la viene el nuevo director.
En ese sentido, delitos como feminicidios, homicidios y la extorsión, tres de los que afectan a la población atlanticense, estarán en la agenda del nuevo jefe de la Seccional.
Por otro lado desde distintos sectores de la seguridad piden al nuevo director de la Seccional que se deben fortalecer algunas unidades con más fiscales especializados, más fiscales de estructuras de apoyo, entre otros, teniendo en cuenta que la ciudad de Barranquilla se ha quedado rezagada frente a otras ciudades del país, incluso con menos población, que tienen mayor volumen de investigadores.
Hay registros de ciudades como Bucaramanga y Armenia que cuentan con una planta más grande de fiscales que la capital del Atlántico, y eso también estaría afectando la evacuación de procesos judiciales en el plano local.
