En horas de la mañana de este jueves 30 de octubre se llevó a cabo la segunda mesa de consenso desarrollada por la Procuraduría General de la Nación en la capital del Atlántico.
En esta, el ministerio público adelantó actuaciones para promover la garantía de los derechos humanos de las mujeres y la niñez, en riesgo o víctima de violencia por razones de sexo y género.
Dicho consenso se realizó luego de que la Veeduría Nacional Ciudadana de Mujer y Género revelara con gran preocupación que al menos 32 casos violencia de género, tentativa de feminicidio, feminicidios, asesinatos a mujeres, a niñas, niños y adolescentes, no estuvieran siendo atendidos por las autoridades.
Teniendo en cuenta lo antes mencionado, María Fernanda Rangel Esparza, procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Familia y la Mujer, convocó a múltiples autoridades como la Fiscalía, el Distrito, la Gobernación, entre otros actores, para la prevención de violencias por razones de sexo y género (VRSG) y seguimiento a casos de feminicidios en el Atlántico.
Según el documento entregado por la sociedad civil, se han registrado en el Departamento, entre el 1 de enero y el 7 de octubre del presente año, un total de 46 homicidios de mujeres, incluidos casos de menores de edad, y siete de esos casos han sido tipificados como feminicidios.
“Importancia de la unión”
En diálogo con EL HERALDO, Jakeline Osorio Panza, miembro de la Veeduría Nacional Ciudadana de Mujer y Género, manifestó la importancia de la unión de las autoridades para lograr atender de la mejor forma los casos por violencia de género que se han presentado en el Atlántico.
“Hoy realizamos una mesa de trabajo muy importante en la que participaron representantes del Distrito, la Gobernación —a través del sector Salud—, la Oficina y la Secretaría de la Mujer, la Fiscalía, la Procuraduría, el ICBF y enlaces de los diferentes municipios del departamento del Atlántico…Estamos hablando de que se presentaron más de 32 casos, de los cuales 13 fueron tipificados y se priorizarán debido a la gravedad y la rigurosidad de los hechos…Entre ellos se encuentran casos que involucran a niñas, niños y jóvenes que son hijos de víctimas de feminicidios, por lo que el ICBF brindará atención especial a estos menores”, expresó Osorio.
Asimismo la representante detalló con preocupación la importancia de desempolvar los casos que habían sido archivados por la Fiscalía, donde en algunos de estos la investigación no ha logrado ni siquiera identificar al presunto agresor.
“Abordamos los casos archivados en la Fiscalía, relacionados con mujeres que fueron silenciadas hace tiempo y de las cuales no hemos vuelto a tener noticias, así como casos de tentativa de feminicidio…Sabemos que muchas de esas mujeres, que hoy siguen viviendo violencia, podrían ser las próximas víctimas mortales… Además, hay mujeres a las que aún no se les ha hecho justicia y ni siquiera se ha identificado a su agresor…Estamos buscando respuestas para sus familias, que todavía viven el duelo, y trabajando en políticas de prevención y atención integral, especialmente en fortalecer el papel de las comisarías”, sentenció.
Justicia y verdad
Durante las mesas de trabajo, las autoridades lograron coincidir en un punto muy importante para atacar a tiempo cualquier tipo de amenazas e impedir un fatídico desenlace: crear una agencia especial donde todas las autoridades puedan intervenir de forma mancomunada.
“En la mesa se reunieron autoridades de la Alcaldía, la Gobernación, la Fiscalía y la Procuraduría, entre otras. Como resultado, se decidió crear una agencia especial a través de la Procuraduría, en la que todas las entidades intervendrán de manera articulada…La Fiscalía Nacional también está trabajando junto con estas agencias para dar celeridad y solución a los procesos que actualmente están en curso”, expuso la veedora.
Finalmente, Osorio pidió que todos los casos fueran estudiados a detalle con el propósito de lograr un ambiente seguro para los más vulnerables.
“Desde la sociedad civil hacemos un llamado a la humanización de la justicia. Queremos territorios libres de violencia, donde las mujeres, niñas, niños y jóvenes puedan caminar, pensar y vivir en libertad…También pedimos respuestas frente a los casos de desaparición de mujeres que aún no han sido esclarecidos. Nuestro compromiso es seguir trabajando de manera conjunta para buscar verdad, justicia y reparación para todas las víctimas”, expresó.
De acuerdo con la procuradora delegada, esta mesa de consenso sirvió para identificar las barreras institucionales en los procesos legales de los casos presentados y registrados en el departamento y del distrito, para los cuales se tomarán los correctivos con las instituciones involucradas.
Caso Nalfi Blanco
Este mismo jueves la familia de Nalfi Esther Blanco Olmos, mujer asesinada por su expareja, realizó un plantón frente al Palacio de Justicia de Sabanalarga, solicitando de manera urgente la celeridad al proceso que se adelanta contra Jorge Leonardo Piña Rodríguez, imputado por la Fiscalía por el feminicidio de la profesora, en hechos que ocurrieron el 30 de noviembre de 2024.
Actualmente Piña Rodríguez está libre por vencimiento de términos, esto luego de que se cumpliera el tiempo estipulado para que se iniciara el juicio oral.
“Nos encontramos afuera del Palacio de Justicia de Sabanalarga exigiendo justicia Por Nalfi Blanco, víctima de feminicidio quien opera por culpa de la Fiscalía el vencimiento de términos y dejó en libertad al feminicida, quien hoy goza de libertad e impunidad… Hoy que venimos hacer un plantón pacífico nos dice que no se puede llevar a cabo la audiencia simplemente porque estamos exigiendo justicia”, expresó un familiar de la víctima.
Cabe reseñar que el Juez Segundo Promiscuo Municipal de Sabanalarga argumentó que estaba demostrado que se había pasado el tiempo para que se iniciara el juicio y por consiguiente Piña Rodríguez debía quedar en libertad.
