En la mañana de este viernes 10 de octubre, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Conocimiento de Soledad dio continuidad al histórico proceso judicial bajo Ley 600 por el crimen del arquitecto y ganadero Fernando César Cepeda Vargas, hoy en etapa de alegatos de conclusión y por el que se acusa a la exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe Silvia Gette Ponce como determinadora del hecho criminal.
En la etapa final de este juicio, la Procuraduría General de la Nación ya había intervenido esta misma semana y solicitó ante el representante de despacho una condena contra Gette Ponce por el crimen del ganadero Fernando Cepeda, asesinado a bala el 22 de agosto de 2003 en la avenida Circunvalar, en la localidad Suroccidente de Barranquilla. En su intervención, la representación del Ministerio Público volvió a sostener la ya conocida versión de ese intento de la exrectora por tratar de sobornar al exparamilitar Édgar Ignacio Fierro Flórez, alias ‘Don Antonio’, para que cambiara su versión que la señalaba a ella como determinadora del crimen y, en cambio, culparan a María Paulina Ceballos por el crimen de su esposo.
Recordemos que Silvia Gette y el abogado penalista Arcadio Martínez, quien la representaba, fueron condenados años atrás, en primera y segunda instancia, por el delito de soborno por intentar entregar una millonaria suma de dinero a alias ‘Don Antonio’ para que cambiara esa versión de los hechos, en referencia al crimen de Cepeda.
Ahora, en la diligencia de este viernes, el abogado de víctimas, Miguel Ángel del Río, volvió recordar aquel episodio del intento de soborno a ‘Don Antonio’ e hizo énfasis en que este “nunca se había retractado” de los señalamientos contra Gette Ponce como determinadora del crimen cometido hace más de 20 años.
“Su señoría, que su despacho tenga en cuenta tres aspectos fundamentales en el desarrollo de esta actuación. El primero, la credibilidad del testigo Édgar Ignacio Fierro Flórez. El segundo la ambición dolosa y concreta por parte de la procesada en manipular la administración de justicia con el propósito específico de sembrar la duda: primero en la administración de justicia y segundo en usted, señor juez. Y tercer elemento que está relacionado y concatenado con el anterior, en ese afán al interior del desarrollo de la actividad procesal de incriminar a la señora María Paulina Ceballos Pardo. Esos tres elementos son fundamentales en el entendido, su señoría, que esa ambición que tiene como propósito confundir a la administración de justicia no proviene de un hecho accidental, sino de la intervención directa de la procesada en esa actividad”, expresó el penalista.
Luego de ello, el abogado del Río hizo un repaso por el material probatorio para demostrar por qué la pretensión de condenar a Gette.
El caso Cepeda
Fernando César Cepeda Vargas estaba casado con María Paulina Ceballos, la hija mayor del rector fundador de la Universidad Autónoma del Caribe, Mario Ceballos Araújo. Su muerte ocurrió el 22 de agosto de 2003. Ese día, viernes, Cepeda retornaba a las 4:00 de la tarde de Sabanalarga, su tierra natal, luego de pasar la mañana en su hacienda. En la avenida Circunvalar, dos paramilitares le dispararon desde una motocicleta, quitándole la vida de manera instantánea.
Ocurrido el asesinato, poco fue lo que se alcanzó a indagar en torno a sus autores. En ese momento en la ciudad campeaban la corrupción y el paramilitarismo, por lo que era casi imposible dar con el esclarecimiento de un homicidio. Por el oficio de Cepeda, muchos pensaron que su muerte se trataba de un hecho relacionado con sus actividades.
Al mes de la muerte de su esposo, María Paulina Ceballos fue a la Fiscalía a preguntar sobre el caso y el Fiscal asignado le contestó que este se encontraba cerrado y que “no había nada que hacer”.
Por años, la investigación del homicidio de Cepeda se mantuvo estancada y solo hasta 2011, cuando dos exmiembros de las Autodefensas revelaron en una audiencia de Justicia y Paz quién fue el supuesto autor intelectual del atentado contra el sabanalarguero, la Fiscalía retomó el caso.
En ese momento, el ente investigador vinculó a seis exparas o postulados a Justicia y Paz, a Juan Carlos Rada Padilla, jefe de seguridad de la Uniautónoma y a Silvia Gette Ponce, entonces rectora de la Universidad, en la investigación por el asesinato del ganadero Fernando Cepeda.
En versión libre, los paras coincidieron en que Gette les dio, supuestamente, 150 millones de pesos para que hombres de las filas paramilitares acabaran con la vida de Cepeda. El puente entre la rectora y los ‘paras’ fue, según las investigaciones, Rada Padilla.
El motivo del asesinato, de acuerdo con la tesis de la Fiscalía, eran los intereses que en ese momento existían por la rectoría del centro educativo: Cepeda trataba de que Gette no se quedara con todo el imperio montado por Mario Ceballos Araújo, el padre de su pareja María Paulina y el esposo de esta. Mientras, la rectora, presuntamente, trataba de hacer lo contrario. En esa oportunidad también trascendió que quien mató a Fernando Cepeda fue Rafael Velilla, alias el Costeño, otrora sicario de las Autodefensas.
Posición de la defensa
A su turno, la penalista Bianith Bohórquez, defensora de Gette, expresó que su defendida “no tenía problemas con Fernando Cepeda” relacionados con la universidad.
Para eso hizo un largo recuento de momentos previos al crimen, basados en la administración o rectoría de Mario Ceballos y recordó que este, para el momento del crimen, era el rector de la universidad y no Silvia Gette.
En ese sentido, la abogada pidió que no se validaran las pruebas o las históricas versiones de los exparamilitares que señalaban a su defendida, pues, a su juicio, estaban plagados de inconsistencias. Incluso la de alias ‘Don Antonio’, quien era el jefe del frente José Pablo Díaz de las AUC.
Recordó además que Silvia Gette había sido víctima de extorsiones desde el año 2008, cuando fue contactada por paramilitares y en 2010 cuando fue contactada por presuntos miembros de las Farc para exigirle dinero porque se hablaba de que era “auspiciadora de las AUC”.
Comisión Dique
En paralelo, la abogada de la defensa también reseñó que probablemente Fernando Cepeda venía siendo víctima de extorsiones en el municipio de Sabanalarga, lugar donde tenía su finca ganadera, y no había accedido a las pretensiones de la Comisión Dique que era la célula del Frente José Pablo Díaz las AUC que operaba en esa zona del Atlántico.
Según la teoría de la defensa, Cepeda Vargas habría denunciado ante el Gaula de la Policía a miembros de la estructura y por eso terminó muerto, como otro móvil de dicho crimen.
Al cierre de la jornada, el juez de conocimiento pidió suspender la diligencia y darle continuidad a la intervención de la penalista Bohórquez para este martes 14 de octubre.
