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Hasta en la plataforma de ventas de artículos Marketplace, de la red social Facebook, desconocidos rastrean a víctimas para extorsionarlas. Hasta ese punto ha llegado la delincuencia, según expone el mayor Ángel Torres, comandante de la Unidad Gaula de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

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El oficial, con una de las tareas más difíciles que hoy tiene la institución armada, por el volumen de casos diarios que reportan víctimas de este flagelo, señala que aparte de los comerciantes y distintos gremios que históricamente han sido blanco de los extorsionistas, cada día los delincuentes buscan grupos o sectores a los que se puede exigir dinero.

'El delincuente siempre se levanta pensando qué hacer, diariamente se reciben entre 10 a 20 denuncias presenciales por extorsión', expresa el oficial.

Recientemente José Ignacio Jiménez, presidente de la Asociación de Educadores del Distrito de Barranquilla, Adeba, denunció que educadores de la localidad Suroccidente, desde hace unos cinco años, vienen pagando una cuota mínima de 1.000 pesos, considerada por él como una extorsión, a delincuentes que merodean instituciones educativas de la zona. Los docentes, según el agremiado, pagan la cuota para evitar ser blanco de hurtos o ataques.

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'Yo tengo más de 5 años haciendo esta denuncia: una vez nos dijeron que no podíamos decir que era extorsión, pero a los maestros le están cobrando $1000 diarios y ellos lo han tomado como parte del presupuesto. Esa monedita de mil que antes le depositaban a la alcancía ya lo ha destinado para darle en este caso a los delincuentes para que no les hagan daño', señala.

La otra cara de la moneda es que, según Jiménez, este ha sido una víctima directa de las extorsiones en la ciudad, tanto así que hace dos meses tuvo que cerrar junto a su hijo un negocio que tenían: 'Yo tenía un negocio con mi hijo en el barrio Simón Bolívar y nos tocó cerrarlo porque también llegaron unas personas diciéndonos que había que colaborar con las organizaciones y yo no soy dispuesto a estar dándoles plata, eso es apoyando la delincuencia y decidimos cerrar', concluye el docente.

Otro caso que llamó la atención fue el denunciado la semana anterior por la rectora y profesores del Colegio Técnico Comercial del municipio de Sabanalarga. Estos recibieron un panfleto a nombre del grupo delincuencial Los Costeños, en el que amenazaban de muerte a la rectora y profesores si no accedían a sus pretensiones económicas a través del pago de extorsiones.

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En el documento se pudo leer: 'Estamos aquí haciéndoles este llamado muy respetuosamente para que se comuniquen con nosotros. Si ustedes, amigos y amigas del colegio, no se comunican con nosotros, nos veremos en la obligación de proceder fuertemente con ustedes ya los tenemos identificados…'.

Ante el mensaje la dirección del Sena regional Atlántico se pronunció, en sentido a que docentes de este organismo integran el plantel a través de un programa articulado. 'Desde el Sena Regional Atlántico rechazamos todo tipo de actos y/o amenazas que afecten la vida y la integridad de nuestros instructores, específicamente en referencia a la divulgación de un panfleto intimidante en contra de la rectora y docentes del IE Técnico Comercial de Sabanalarga e, incluso, instructores del SENA Atlántico que hacen parte del programa de articulación con la media en esa institución', expresó Jacqueline Rojas, directora del Servicio Nacional de Aprendizaje.

De igual forma, Rojas indicó que se suspendería la formación presencial durante la semana anterior y la desarrollarían de manera virtual.

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Y ese listado de víctimas tampoco hay que dejar por fuera a los vendedores informales y estacionarios del Centro de Barranquilla y de zonas residenciales de Soledad, quienes han denunciado en distintas ocasiones que deben pagar hasta 2.000 pesos diarios para poder trabajar en un punto determinado.

Pero, sin dudas, una situación que evidenció el descontrol en este delito sucedió a mediados de abril en el barrio Los Andes, sur de Barranquilla.

En su momento, el general Jorge Urquijo, comandante de la Policía Metropolitana, anunció una investigación y un rastreo de las dos personas que el jueves 13 de abril dispararon en varias ocasiones contra una vivienda del sector. En un video, que empezó a rondar por redes sociales, se vio al hombre disparando mientras que el parrillero, que se trataría de una mujer, graba con celular en mano los hechos. Esos individuos, al parecer, hacían parte de una estructura criminal que exigía cuotas extorsivas a los vecinos dependiendo los lujos de la fachada del domicilio.

En cifras

Cifras reportadas por la Policía Metropolitana muestran que el año 2022 el Gaula local recibió 59 denuncias sobre extorsión y en lo que va corrido de este 2023 la cifra ya va en 333 casos, es decir, existe una evidente variación en los casos, lo que corresponde a un 464 % de aumento, de los cuales a la fecha se han realizado 83 capturas contra 55 del año pasado.

De acuerdo con lo detallado por el oficial Torres, el 75 % de las extorsiones en Barranquilla y su área Metropolitana provienen de los centros carcelarios: 'Esos privados de la libertad tienen celulares con acceso a internet, de allí descargan la lista de comerciantes de la ciudad y bases de datos como Facebook, Instagram y las mismas bases de datos públicas', dijo.

Lo peor de esto es que, según lo manifestado por el mayor, estos delincuentes no conocen a Barranquilla ni su área Metropolitana: 'Los que realizan las extorsiones no conocen nada Barranquilla ni el Atlántico, pero sí estudian minuciosamente la zona y a sus víctimas'.

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Para contrarrestar este tipo de extorsiones el Gaula ha implementado una estrategia que se llama ‘Herón’, diseñada para los establecimientos de reclusión con el fin de realizar allanamientos internos ordenados por Fiscalía y así recolectar los elementos de material probatorio, tales como celulares, agendas y simcards.

En el último operativo, realizado el pasado 10 de abril en la cárcel Modelo, fueron incautados 84 celulares y 92 cargadores.

Para finalizar, el jefe del Gaula reitera que siempre van a estar prestos ante cualquier denuncia ciudadana porque reconoce que hay 'angustias, miedo y desesperación', cuando cae una llamada de criminales.