Por haber privado de la libertad por más de tres años de manera injusta al barranquillero Alberto Júbiz Hasbún y a Héctor Cepeda y Norberto Hernandez, a quienes acusaron de ser los asesinos de Luis Carlos Galán, el Consejo de Estado ordenó a la Fiscalía y la Policía a pagarles a las víctimas más de 3 mil millones de pesos.
Según la Sección Tercera del máximo tribunal de lo contencioso administrativo, tanto la captura de los tres como la investigación en su contra 'estuvo fundada sobre múltiples irregularidades' que fueron reconocidas, incluso, por la propia Fiscalía al momento de cerrar el proceso y ordenar su libertad.
Se lee en el fallo que 'se presentó una grave violación a los derechos de buen nombre y honra de las aludidas víctimas, puesto que fue un hecho notorio a nivel nacional (...) que provocó el odio, el desprecio público y el rechazo frente a esas personas'.
La alta corte, además, advirtió sobre 'el actuar gravemente culposo' del exdirector del Das, el samario Miguel Alfredo Maza Márquez -vinculado por el crimen de Galán- y el exdirector de la Dijín, general Óscar Eduardo Peláez Carmona.
Alberto Júbiz Hasbún estuvo preso desde 1989 hasta 1993 y, cinco años después, en 1998, falleció de un infarto en su finca en el municipio de Sabanalarga.
Para la época de su muerte, Alberto Júbiz -de 62 años en ese entonces- iba a ser llamado a conciliar con el Estado por la demanda que había entablado luego de que lo hubieran sindicado por el crimen que no cometió.
