La Fiscalía General de la Nación programó para el próximo jueves 30 de abril la audiencia de imputación de cargos contra la actriz y exreina de belleza Yeimy Paola Vargas.
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Todo esto en en medio de una investigación por presunta falsedad en documento público relacionada con contratos estatales en Cartagena, publicó la Revista Semana.
El proceso se originó tras detectar inconsistencias en los documentos académicos que la artista habría presentado para vincularse al Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena. Según el ente acusador, estos soportes habrían sido utilizados para acreditar un nivel de formación que le permitió acceder a mejores condiciones económicas en la contratación durante 2025.
De acuerdo con los elementos recopilados por la Fiscalía, el documento en cuestión certificaba que Vargas era tecnóloga en actuación y teatro, supuestamente expedido por el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga.
Sin embargo, las verificaciones arrojaron varias inconsistencias:
- Diferencias en la tipografía del nombre dentro del acta.
- Ausencia de registro de la actriz en las bases oficiales de la institución.
- Formato del diploma que no coincide con los documentos auténticos.
Estos hallazgos sustentan la hipótesis de una posible falsedad material, lo que llevó a suspender un primer contrato que tenía una duración de nueve meses y un valor cercano a los 55 millones de pesos.
A pesar de la polémica, la Alcaldía de Cartagena volvió a contratar a Vargas en 2026 por aproximadamente 18 millones de pesos. En esta ocasión, la actriz presentó una hoja de vida sin el documento académico cuestionado, siendo vinculada bajo el perfil de bachiller.
Desde la administración local se ha reiterado que la contratación se realizó respetando el principio de presunción de inocencia, ya que no existe una inhabilidad legal vigente en su contra.
Asimismo, la Fiscalía también evalúa la posible responsabilidad de funcionarios del IPCC encargados de revisar los requisitos contractuales, con el fin de establecer si hubo fallas u omisiones en los procesos de verificación.
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Además, dentro del material probatorio figura una certificación relacionada con cursos de transparencia y lucha contra la corrupción, lo que añade un elemento llamativo al expediente.
