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Vendedora con una factura de venta para un cliente. Archivo
Economía

Proyecto de Ley de Plazos y Pagos Justo, a plenaria del Senado

El proyecto tiene tiempo límite para su aprobación el 20 de junio. Experto analiza que la iniciativa debe someterse a un mayor tiempo de debate.   

Proyecto de Ley de Plazos y Pagos Justo está listo para pasar a plenaria del Senado y someterse a su última prueba antes de una posible sanción presidencial.

Los senadores Richard Águilar, Efraín Cepeda, Mauricio Gómez, Ciro Ramírez Cortés, Iván Marulanda Gómez, José Alfredo Gnecco, Gustavo Bolívar y Édgar Palacios firmaron este martes el informe de ponencia para cuarto debate ante la plenaria del Senado de la República del proyecto de Ley número 185 de 2019: “Por medio de la cual se adoptan normas de pago en plazos justos en el ámbito mercantil y se dictan otras disposiciones en materia de pago y facturación".

Con la presentación también quedo definido el artículo 6, el cual hace referencia a quien hará control para el cumplimiento de la norma.

Este artículo estaba pendiente para dar su paso a plenaria y este precisa: "Las acciones que tengan como objeto evadir la aplicación de lo que contempla la Ley de Plazos Justos dará lugar a sanciones administrativas. La entidad vigilante dependerá de la normatividad vigente".

El proyecto de Ley de Plazos y Pagos Justo busca regular a las mipymes para que paguen sus facturas y proveedores con un tiempo no mayor a 60 días. 

"Es una propuesta para solucionar un problema ampliamente identificado en la realidad comercial del país: un alto porcentaje de empresas de gran tamaño realiza los pagos a sus proveedores y subcontratistas (usualmente Mipymes) en plazos 1 injustificadamente extensos de entre noventa (90) y hasta ciento ochenta (180) días, sin justificación de ningún tipo”, se lee en las exposiciones de motivos.  

Efraín Cepeda, ponente de la iniciativa, insistió en que se está haciendo justicia con las mipymes.

"Es una propuesta para solucionar un problema ampliamente identificado en la realidad comercial del país", Andrés Díaz Arana
Andrés Díaz Arana, abogado. Luis Rodríguez Lezama

El abogado de la firma PDA, Andrés Díaz Arana analizó que el proyecto es muy loable. "En mi criterio, se trata de un proyecto que se ocupa de un problema real, muy nocivo y que tiene las peores consecuencias, muchas veces, para la parte más débil. Sin embargo, no es una cuestión fácil de solventar. Algunos puntos del proyecto elevan importantes cuestiones, que deben ser tratadas con detenimiento, sin dejarse presionar por los afanes de los tiempos legislativos".

Hasta el 20 de junio se tiene plazo el proyecto para su aprobación.

El proyecto contempla la posibilidad de que la liquidación sea elaborada unilateralmente por una de las partes, dejando a la otra sin más opción que controvertirla ante un juez en el marco del proceso, indicó Andrés Díaz Arana. "Pero el proceso ejecutivo no está diseñado para debatir el contenido de la obligación. Esto no solamente tiene críticas desde la teoría jurídica, sino desde la práctica: ahora muchos más casos llegarían al proceso ejecutivo y, además, forzarían un debate sobre la certeza de la obligación que congestionaría a los juzgados respectivos. ¿Qué se va a hacer para garantizar que la oferta de justicia cubra la demanda que este proyecto generaría? Si no se adoptan medidas pertinentes al respecto, lejos de proteger al acreedor, se correría el riesgo de generarle falsas expectativas cuando pretenda ejercer los derechos previstos en esta norma".

El gremio de micro, pequeñas y medianas empresas en el país, Acopi es uno de los más impulsó la iniciativa y ha manifestado que se necesitan más en estos momentos de coyuntura económica con la pandemia y sus efectos. 

Andrés Díaz Arana destacó que hay algunas medidas que, más allá de su viabilidad jurídica, elevan importantes dudas de conveniencia socio-política. 

"Por ejemplo, el artículo 8 dice que el Gobierno creará un sello, para aquellas empresas que en su práctica comercial atiendan, en plazos menores o iguales a treinta (30) días calendario, el pago de sus facturas a proveedores. Esto está muy bien, porque es un reconocimiento a quienes cumplen. Pero, a veces las buenas intenciones favorecen detrimentos no previstos: pensemos en la pequeña empresa que no puede mantener el mismo ritmo de pagos que otras medianas o grandes porque atraviesa una dura situación económica. ¿En serio necesita la creación de un nuevo símbolo que, lejos de unir a la economía, la divida?".

Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andi se había unido a las voces sobre tener cuidado de abrir puertas a legislar sobre la libertad de mercados y que el Estado intervenga en los contratos privados.  

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