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Según el FMI la corrupción afecta negativamente el crecimiento económico de los países.
Economía

La corrupción le cuesta al país 4% del PIB

Estudios señalan que esta práctica ilegal le ha costado a Colombia en las dos últimas décadas unos 189 billones de pesos, pero los efectos no son solo económicos sino también sociales y políticos.

La corrupción es quizás el fenómeno global más difícil de frenar. A nivel mundial se calcula que los sobornos llegan a USD1 billón anuales; un 5% del PIB mundial. En Latinoamérica se estima que los flujos financieros ilícitos totales durante la última década ascienden a un monto similar.

Cifras que se suman al impacto corrosivo, y no medible, de este delito sobre el crecimiento económico, la igualdad y la calidad de la gobernanza de un país. La experiencia internacional indica que afecta negativamente al crecimiento a largo plazo, porque es un síntoma del fracaso institucional, que a menudo involucra a una red de políticos, organizaciones, empresas y particulares.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), recientemente publicó un articulo sobre la gobernanza y la económica, donde analiza la relación entre estas dos variables. De acuerdo con el FMI, los indicadores de gobernanza inciden en la gobernabilidad para el desarrollo y una buena gobernabilidad puede generar un dividendo de desarrollo a largo plazo del 300%.

La corrupción está fuertemente ligada a la gobernabilidad. Para América Latina, según los Indicadores de Gobernanza Mundiales (WGI por sus siglas en ingles), en promedio, la eficacia del gobierno, el control de la corrupción y la voz y rendición de cuentas se estancaron y han permitido el deterioro de la calidad regulatoria y el Estado de derecho.

Corrupción en Colombia. En el marco de las elecciones territoriales de 2015 en Colombia, resulta apropiado analizar cómo la corrupción puede impactar en la economía nacional. Según encuestas realizadas entre los colombianos para la realización del Plan Nacional de Desarrollo, el 56% cree que la corrupción es uno de los tres grandes problemas que tiene el país, junto con el desempleo y la delincuencia común.

Pese a los esfuerzos gubernamentales por mejorar este fenómeno, según el Índice de Percepción de Corrupción 2014 publicado por Transparency International, la percepción sobre la corrupción en el sector público no ha presentado cambios significativos.

Hoy el país obtiene un puntaje de 37 sobre 100 (siendo 0 mayor percepción de corrupción), lo que lo mantiene en el puesto 94 entre los 175 países evaluados, y por debajo de la media de la región (45).

Para William Baca, docente de Economía de Uninorte, esta corrupción es inobjetablemente parte del deterioro de la economía, pues incrementa los costos de transacción y de los recursos del estado, haciendo inviable una acumulación de capital propia de una sociedad moderna.

“La corrupción es una forma de predar al Estado. Las redes de corrupción cambian las leyes y convierten en legal lo irracional de proyectos que solo convienen a intereses particulares”, comenta Baca
Se estima que la corrupción le ha costado al país, en dos décadas, cerca de 189 billones de pesos, un 4% del PIB durante este periodo. De acuerdo con Elizabeth Ungar, directora de Transparencia por Colombia, los efectos de esta no solamente son en términos de la pérdida de recursos, sino sociales y políticos: afecta la calidad de vida de los ciudadanos, la credibilidad y legitimidad de las instituciones.

A nivel regional los departamentos con menor aporte el PIB nacional, presentan los mayores riesgos de corrupción. Por ejemplo, Vaupés, que tuvo un PIB de 71 mil millones en 2013, según el Dane, presentó un índice de 32,4 en la percepción de corrupción. Ocurre lo contrario para los departamentos con alto crecimiento económico como Antioquia, Valle del Cauca y Santander, que presentaron riesgos moderados y medios de corrupción, 82,4; 74,4; y 81,2 respectivamente.

Los municipios con mayor eficiencia son aquellos que a su vez presentan mayor índice de desarrollo, mejor desempeño fiscal, mayor recaudo tributario per cápita, mayor cobertura de vacunación, menor porcentaje de población rural y menor tasa de mortalidad infantil. Muchos de estos están certificados en educación y salud, lo cual refleja su capacidad institucional para administrar recursos y asumir competencias para la prestación de los servicios básicos.

“La eficacia y la eficiencia no son garantía de que no haya corrupción. Puede haber gobiernos que cumplan estas condiciones, pero esto no garantiza que sean transparentes, que rindan cuentas y que estén blindados de hechos de corrupción”, menciona Ungar.

Es necesario encontrar medidas para ejercer un mayor control. Las iniciativas tradicionales aplicadas en el país, como leyes anticorrupción, todavía no logran el impacto esperado. “No basta con hacer ilegal la corrupción. Hay que transformar a la sociedad y crear nuevos hábitos de pensamiento”, enfatiza Baca.

Riesgo alto de corrupción

En región el panorama de mayor crecimiento y menor corrupción no se cumple. Seis departamentos de la región se ubican con riesgo alto o muy alto de corrupción. El Atlántico, que ocupa el quinto lugar en aporte al PIB nacional (5%), presenta un índice del 57,3%. Lo que da luz a los retrasos históricos de la región frente al resto del país.

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