El esfuerzo de toda una vida laboral ya no es sinónimo de tranquilidad financiera en la vejez. En Colombia, la desconexión entre la realidad de los trabajadores y las exigencias del sistema de seguridad social ha cavado una brecha profunda.
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Quienes hoy sostienen la economía desde el comercio, el transporte independiente, el agro o los pequeños emprendimientos se enfrentan a un panorama alarmante: la probabilidad de no recibir un solo peso de pensión al momento de retirarse es cada vez más alta.
El primer gran filtro que excluye a los ciudadanos del sistema es de carácter normativo y económico. Actualmente, la ley colombiana prohíbe cotizar por debajo de un salario mínimo mensual.
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Sin embargo, esta exigencia choca de frente con la realidad del mercado: al cierre de 2025, casi el 50 % de la fuerza laboral del país percibía ingresos inferiores a ese umbral legal, quedando descartada automáticamente de la posibilidad de aportar con regularidad.
Esta exclusión se concentra con especial fuerza en dos sectores vulnerables:
- Los micronegocios urbanos: en el país operan unos 5,2 millones de estos pequeños negocios que dan empleo a cerca de 10 millones de personas. El problema radica en que el 88 % de sus trabajadores no realiza ningún tipo de aporte a salud ni a pensión.
- El sector rural: en el campo, la desprotección es prácticamente la norma, alcanzando un índice de informalidad del 83 %.
Sin mecanismos que faciliten la entrada de estos sectores a la formalidad, la acumulación de semanas se vuelve una meta inalcanzable para la mayoría de la población activa.
Por qué millones de colombianos no logran cumplir las semanas necesarias para pensionarse
El problema no es la falta de actividad laboral, sino la intermitencia en el sistema. Los datos analizados en el II Foro Longevidad y Centenarios revelan un patrón preocupante: tres de cada cuatro colombianos pasan más de una tercera parte de su vida productiva alternando entre el desempleo y la informalidad. Aunque un ciudadano trabaje activamente durante 30 o 35 años, las lagunas en sus aportes impiden que el tiempo sumado sea válido ante la ley.
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La severidad del sistema se refleja en que solo una de cada diez personas logra completar el tiempo de cotización requerido a lo largo de su vida útil. Al respecto, Any Benítez, consultora y exvicepresidenta de Colpensiones, advirtió que “apenas uno de cada cuatro cotizantes alcanzará efectivamente su jubilación”.
Para la inmensa mayoría que se queda en el camino, el sistema contempla la entrega de una indemnización sustitutiva. Si bien esta devolución representa un auxilio económico inmediato, se trata de una compensación con una capacidad de protección muy limitada para resolver las necesidades financieras a largo plazo.
Menos nacimientos y más adultos mayores ponen en riesgo la sostenibilidad del sistema pensional
El desafío de la informalidad laboral se vuelve aún más urgente cuando se cruza con la transformación demográfica del país. Colombia experimenta un proceso de envejecimiento acelerado: mientras en 2021 los adultos mayores equivalían al 14 % de los habitantes, las proyecciones indican que para el año 2050 representarán el 21 % de la población total.
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Al mismo tiempo que la población mayor crece, la base de aportantes jóvenes se reduce de forma drástica. El año 2025 marcó un hito negativo al registrar el menor número de nacimientos de la última década en el país, con una tasa de fecundidad de apenas un hijo por mujer, un número que se sitúa muy por debajo del nivel mínimo requerido para el reemplazo poblacional.
Con un volumen cada vez menor de jóvenes integrados al mercado de trabajo y una masa creciente de adultos mayores en edad de retiro, el Estado colombiano asumirá una presión fiscal cada vez más severa, a menos que se implementen estrategias efectivas para formalizar a los trabajadores contemporáneos.
