El centro de pensamiento económico Fedesarrollo evaluó el proyecto de decreto que modifica los tiempos de traslado de recursos pensionales y alertó sobre sus posibles efectos en las finanzas públicas, el mercado de capitales y la seguridad jurídica del sistema.
En ese sentido, hay que recordar que el pasado 26 de febrero de este año, el Ministerio del Trabajo presentó un proyecto de decreto que modifica la reglamentación de los traslados entre el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) y el Régimen de Prima Media (RPM), en el marco de la reforma pensional adoptada mediante la Ley 2381 de 2024.
Dicha propuesta plantea que los recursos acumulados en las cuentas individuales sean trasladados a Colpensiones en un plazo de 15 días hábiles tras la expedición del decreto, o dentro del mes siguiente a la decisión del afiliado de cambiarse de régimen.
El documento señala que la propuesta no modifica las condiciones para acceder al traslado, pero sí pretende alterar el momento en que se realizan los traslados, y de paso, no contrasta con lo establecido en la ley, que dispone que el traslado se realice cuando se consolide el derecho a la pensión.
Dice Fedesarrollo que los afiliados que opten por este traslado mantendrían sus recursos administrados por las AFP hasta pensionarse, tal como lo indica la ley vigente. Sin embargo, el decreto propone modificar este punto al anticipar el traslado efectivo de los recursos.
El centro de pensamiento dice que el traslado implicaría mover recursos desde un esquema de ca Actualmente, los fondos privados administran el ahorro mediante portafolios de inversión, mientras que Colpensiones depende en gran parte de transferencias del Presupuesto General de la Nación.
El documento señala que a febrero de 2025, más de 120.000 afiliados habían ejercido la opción de traslado, con un ahorro cercano a 25 billones de pesos.
Esa cifra equivale a cerca del 76% de las transferencias proyectadas para Colpensiones en 2026.pitalización individual, hacia uno de reparto.
Desde el punto de vista macroeconómico, el análisis indica que si los recursos se destinan a gasto pensional corriente, se generaría un impulso adicional a la demanda en un contexto de brecha positiva del producto. Esto, según el documento, podría dificultar el proceso de consolidación fiscal y deteriorar la tasa de ahorro de la economía.
Además, se menciona que la medida podría afectar la percepción de los inversionistas y el riesgo país, si se interpreta como una mayor intervención sobre el ahorro privado.
Indicaron que el proyecto de decreto plantea riesgos en varios frentes, puesto que el uso de estos recursos podría aumentar el gasto pensional futuro y reducir los ahorros destinados a respaldar el sistema.
También señala el análisis que modificar las reglas por vía reglamentaria podría afectar la credibilidad del sistema pensional y la confianza en su sostenibilidad.
