La Contraloría General de la República manifestó que no avala la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica decretada por el Gobierno nacional el pasado mes de febrero.
Según el ente de control, la decisión, motivada por las intensas lluvias y un frente frío en varias regiones del país, carece de una justificación técnica y financiera sólida. Además, advirtió a la Corte que las medidas propuestas ponen en riesgo la sostenibilidad fiscal de la Nación.
En ese sentido, socializaron que el Decreto 0150 del 11 de febrero de 2026, mediante el cual el Gobierno declaró el estado de excepción en Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, justificó que el fenómeno hidrometeorológico atípico desbordó las capacidades ordinarias del Estado para atender a los damnificados y reparar la infraestructura dañada.
“No existe respaldo suficiente para garantizar la sostenibilidad fiscal en la ejecución de los recursos de la emergencia”, precisó la Contraloría.
Agregaron que el Gobierno no habría agotado los mecanismos ordinarios antes de acudir a la excepción.
Además, indicó que que varias instituciones, como el Ministerio de Agricultura, la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural, cuentan con recursos ordinarios disponibles en proyectos de inversión para 2026 que no fueron plenamente considerados al sustentar la necesidad de adiciones extraordinarias.
Recordaron que el Gobierno nacional estimó el costo total para atender la emergencia en una cifra que supera los $8 billones. Sin embargo, la Contraloría advirtió que este monto es una “agregación de necesidades” de diversas entidades sin una estructura financiera consolidada que las articule bajo supuestos homogéneos.
Acto seguido, el ente de control alertó que estas cifras presentan inconsistencias aritméticas y duplicidades, especialmente en proyectos de recuperación pecuaria y pesquera.
La entidad cree que como el Ministerio de Hacienda ha informado que el recaudo de los nuevos impuestos propuestos para financiar la crisis (como el impuesto al patrimonio y a las apuestas en línea) tiene un carácter prospectivo y probabilístico, los ingresos no están plenamente garantizados.
