El Consejo Gremial Nacional le pidió a la Corte Constitucional suspender antes del primero de abril el Decreto Legislativo 173 de 2026, mediante el cual el Gobierno creó un impuesto al patrimonio para personas jurídicas con patrimonio líquido igual o superior a 10.474 millones de pesos.
En ese sentido, la organización gremial aseguró que Colombia enfrenta riesgos económicos si la medida se mantiene.
“Colombia está a menos de 10 días de un deterioro económico sin precedentes, si se mantiene el impuesto al patrimonio para personas jurídicas”, señalaron en un comunicado.
Según el pronunciamiento, miles de empresas podrían tener dificultades para cumplir con el pago.
Acto seguido, señalaron que muchas empresas no podrán pagar dicho tributo y terminarán por quebrarse.
“Gravar de esta manera el patrimonio corporativo castiga a las empresas por haber invertido en el país”, manifestaron desde el Consejo Gremial.
Dentro de esas reacciones, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, solicitó a la Corte Constitucional que suspenda de manera temporal la medida, al advertir sobre los posibles efectos en la inversión, el empleo y la competitividad de las empresas en Colombia.
El análisis de este dirigente gremial, señaló que el tributo gravará la diferencia entre activos y pasivos de las compañías, lo que podría impactar la inversión, la generación de empleo y el crecimiento económico, además de suscitar dudas sobre su constitucionalidad y la transparencia en el uso de los recursos recaudados.
Bruce Mac Master señaló que “los impuestos de los cuales estamos hablando son altamente inconvenientes y técnicamente muy dudosos”. Explicó que este impuesto “se calcula sobre la diferencia entre los activos y los pasivos de las compañías”, por lo que aclaró que una empresa que invierte y ahorra en el país deberá pagar por esos activos, sin importar su liquidez.
