El ministro de Hacienda, Germán Ávila, convocó a la cúpula bancaria a las 3 de la tarde de este lunes para comunicar una decisión que ha desatado un nuevo pulso entre el Gobierno y el sistema financiero.
En ese sentido, el jefe de la cartera económica se reunirá con los presidentes de las principales entidades para notificarles el decreto que establecerá inversiones forzosas, una figura que obligaría a los bancos a destinar parte de sus recursos a líneas específicas de crédito, según información de algunos medios nacionales.
Además del jefe de la cartera de Hacienda, también asistirá el superintendente Financiero, César Ferrari.
Por parte del sector financiero estará Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria; Carlos Ruiz, vicepresidente de Asobancaria; María Lorena Gutiérrez, presidente del grupo Aval; Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia; Javier Suarez, presidente de Davivienda, Mario Pardo, presidente de BBVA y Diego Prieto, presidente del Banco Caja Social.
Germán Ávila ya había planteado la posibilidad de recurrir a inversiones forzosas ante una eventual emergencia económica. En ese momento, explicó que la decisión buscaría asegurar recursos para atender la demanda de financiación en medio de la ola invernal y respaldar la meta de recaudo de $8 billones.
“Las inversiones vienen con el objetivo de garantizar recursos suficientes para atender la demanda de crédito”, señaló el ministro sobre ese mecanismo.
Según Ávila, los recursos podrían canalizarse a través de Bancóldex y Findeter, además de contemplarse la creación de líneas con tasas compensadas para sectores estratégicos.
Sobre ello, el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, en diálogo con EL HERALDO, sostuvo que las inversiones forzosas no son una buena idea ni el camino para ampliar el crédito.
“Son un instrumento que suena bien en el discurso, pero que -en la práctica- reduce los recursos disponibles para entregar créditos, aumenta la represión financiera y encarece los desembolsos a los sectores no priorizados por el Gobierno. Es decir, afecta a toda la economía”, dijo Malagón.
En términos simples, agregó que el crédito sería más costoso y menos abundante para todos. No solo para los sectores no priorizados, sino para las familias que necesitan crédito de vivienda, para las pymes, para los jóvenes que quieren emprender.
