Colombia está a la expectativa del salario mínimo para el 2026. Gremios, centrales obreras y Gobierno se han sentado desde las primeras semanas de diciembre; sin embargo, la distancia entre las propuestas es lejana. Los primeros se inclinan por 7,21 %, mientras que los segundos a un 16 %. En medio de la incertidumbre, algunos sectores del país especulan que podría ser hasta del 19 %.
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Los expertos, por su parte, tensaron mucho más la cuerda luego de exigirle al Gobierno que evite tomar decisiones con fines populistas y que –a corto plazo– ocasionen una serie de riesgos por aumento desbordado.
“Desafortunadamente tenemos que informarle al país que no hemos podido llegar a un acuerdo sobre el incremento del salario mínimo. Los sectores de los trabajadores insistieron en que fuera de dos dígitos para poder abrir la discusión y los empresarios examinaron esa solicitud y reiteraron su propuesta de un incremento del 7,21 %”, explicó en su momento Antonio Sanguino, ministro del Trabajo.
Agregó: “Se convirtió en una sin salida, por lo menos hasta ahora para poder avanzar en un acuerdo en esta primera fecha que establece la Ley 278 de 1996”.
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Debido a lo anterior, será el presidente de la República quien diga lo que el ministro ha llamado “un segundo tiempo, donde se podrán presentar fórmulas de aproximación”. El decreto se daría a conocer este lunes o martes.
“Debo rescatar y destacar el ambiente respetuoso y de altura con el que se abordó el debate, que estuvo acompañado de las presentaciones de la OIT sobre salarios vitales, del Dane, Planeación Nacional, el Ministerio de Hacienda, Banco de la República. Fue una discusión civilizada y muy cordial, donde cada parte tuvo la ocasión de defender sus puntos de vista y opiniones”, explicó el ministro.
Por otro lado, Sanguino no quiso comprometerse luego de ser preguntado por un supuesto aumento del 19 %.
“No tenemos datos concluyentes porque estamos construyendo el decreto”, dijo hace unos días.
Las advertencias
Más de un centenar de expertos en economía, entre ellos exministros, presidentes de compañías y líderes gremiales, enviaron una carta a la mesa de concertación donde advirtieron sobre posibles riegos en caso de que el Gobierno nacional no tome una decisión que tenga en cuenta la realidad fiscal del país.
Los firmantes explicaron que el salario mínimo “no es la herramienta de política social más idónea”, sino que otras medidas pueden ser más efectivas para solucionar los problemas de distribución del ingreso y equidad, y evitar “la disyuntiva entre favorecer a quienes tienen empleo y perjudicar a quienes están desempleados o en la informalidad, que son la mayoría”.
“Aumentos del salario mínimo por encima de inflación y productividad generan los efectos contrarios: mayor informalidad y presiones a los precios afectando en mayor medida a la población de menores ingresos. Los observatorios fiscal y laboral de la Universidad Javeriana han sido enfáticos en llamar la atención sobre estos riesgos. También se afectan las finanzas públicas. El Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2025 supuso un incremento del salario mínimo de 7,1 %”, indicaron.
En este sentido, los expertos aseguraron que cada punto porcentual adicional le costará a “los contribuyentes y a la Nación cerca de 240 mil millones en pensiones, según Anif, y alrededor de 600 mil millones en gasto total no financiado”.
Por su parte, el más reciente informe del Banco de la República señala que el incremento de la inflación total y la inflexibilidad de la inflación básica sin alimentos ni regulados “revelan síntomas de indexación de precios y de fortaleza de la demanda interna que requieren ser enfrentados con una postura contractiva de la política monetaria”.
“Esta situación podría acentuarse si el incremento del salario mínimo en 2026 vuelve a ser sustancialmente superior a la inflación observada más la productividad. Tampoco se descarta un eventual surgimiento de presiones cambiarias asociadas a cambios en el comportamiento de los flujos de capital de portafolio, que durante la mayor parte del año han sido favorables para el país. Otros riesgos inflacionarios podrían surgir de los precios de los alimentos, como también de los precios de algunos bienes regulados, como ha sucedido en 2025”, manifestaron.
Cambios para los trabajadores
A partir del 15 de julio, la jornada laboral máxima será de 42 horas semanales, implementando la reducción gradual de la Ley 2101 de 2021, sin afectar el salario.
Además, desde el 1 de julio de 2026, el recargo por trabajar los dominicales y festivos subirá al 90 %, y al 100 % en 2027, con derecho a un día compensatorio remunerado. El incumplimiento de obligaciones en la normativa por parte de empleadores podrá acarrear multas de hasta 5.000 salarios mínimos.
