Revelado los datos de productividad laboral al tercer trimestre del año en curso (0,91 %) y la inflación anual a noviembre que fue del 5,30 %, este martes, la mesa de concertación que define el salario mínimo de 2026 tendrá una reunión clave, y es que tanto el sector empresarial, como el Gobierno nacional y los representantes de los sindicatos laborales, darán a conocer sus propuestas de incremento. Así mismo, el Banco de la República presentará un informe sobre la situación macroeconómica de Colombia.
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En ese sentido, diferentes sectores han manifestado que debe existir una especie de prudencia para la decisión del incremento, más allá que la inflación en noviembre presentó un ligero descenso -del 5,51 % al 5,30-.
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La presidenta de la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, expresó que un aumento desproporcionado del salario mínimo generaría mayores presiones de costos, afectando el crecimiento y el empleo y, en última instancia, deteriorando el poder adquisitivo que se busca proteger.
“Este resultado demanda prudencia y una decisión equilibrada que consolide la desinflación, cuide el empleo formal y preserve la competitividad del país”, señaló Lacouture.
De acuerdo con un análisis del Grupo Cibest, en Colombia, donde el salario mínimo funciona como referencia para tarifas, contratos y precios regulados, un aumento excesivo tiende a propagarse y generar presiones inflacionarias adicionales.
“Las empresas trasladan los mayores costos laborales a los precios, afectando más a los hogares vulnerables y reduciendo la flexibilidad del mercado laboral. Insistir en incrementos por encima de la productividad amplifica los riesgos macroeconómicos y dificulta la convergencia inflacionaria. Así, consideramos que el país enfrenta el desafío de continuar contribuyendo con el objetivo loable de preservar el poder adquisitivo de los colombianos, tanto de trabajadores formales como informales, al incorporar en la discusión de salario mínimo los perjuicios de una mayor inflación”, dice el grupo.
Un grupo de 115 expertos, entre ellos exministros de Hacienda, economistas y líderes gremiales, difundió una carta invitando a los involucrados a una concertación responsable.
“Solo así se protege a los trabajadores y se abren oportunidades para quienes hoy están en la informalidad o buscando empleo”, se lee en la carta que fue realizada.
