La Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbón) advirtió que entre el 2022 y el 2024 la acumulación de saldos fiscales a favor de los contribuyentes del sector carbón ha tenido una tendencia creciente, alcanzando en 2023 la cifra récord de $2,8 billones, recursos que el Estado ha capturado temporalmente de manera irregular.
“Esta situación es resultado de diversas medidas tributarias sin análisis técnico, como el aumento de las autorretenciones, donde la tarifa ha sido modificada en menos de 2 años, pasando de 1,6 % a 2,20 %, y en su última reforma al 4,5 % para la industria del carbón, generando así un anticipo sobre rentas que este año el sector no generará. Estas altas cargas tributarias más la caída en los precios reducen la competitividad de los carbones colombianos, disminuyendo los volúmenes de producción en cerca de un 7 % y la reducción de las exportaciones ya se acerca a un 44% en lo que va corrido del año”, explicó Carlos Cante, presidente ejecutivo de Fenalcarbón.
En ese sentido, el gremio estima que para 2025, la renta anticipada pagada en exceso, producto de estas nuevas tarifas, puedan sumar cerca de $2 billones, recursos que legítimamente son de los contribuyentes, y que están siendo confiscados por el Estado, aumentando la carga administrativa de este para su devolución y perjudicando gravemente la liquidez de las empresas, limitando su capacidad de inversión, operación y generación de empleo, en una coyuntura actual de contracción de precios internacionales, caída de márgenes operativos y aumento de costos estructurales.
Añade que la medida del aumento en las tarifas de autorretenciones, implementada en el Decreto 0572 de 2025, demandado por Fenalcarbón ante el Consejo de Estado, se suma a otras disposiciones como la sobretasa a la tarifa de renta, la suspensión de las exportaciones de carbón a Israel, el impuesto al carbono, el impuesto especial a la venta de carbón por el estado de Conmoción Interior y la nueva propuesta de reforma tributaria para volver permanentes los impuestos temporales, que están ocasionado la asfixia financiera de las empresas del sector carbón, “siendo estas medidas desproporcionadas respecto a la capacidad económica real de los contribuyentes”.
