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El presidente de la Junta Directiva de la estatal colombiana Ecopetrol, Guillermo García Realpe, aseguró que no se pagarán los USD5,8 millones para analizar el impacto que han generado en la empresa los casos contra el presidente de la compañía Ricardo Roa Barragán.

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De acuerdo con García en declaraciones dadas a La W Radio, en agosto de 2024, la compañía contrató a la firma Covington & Burling por un valor de USD875.000 para una consultoría de análisis de riesgos, tal y como se viene realizando desde el año 2008.

“No es nada nuevo y esta asesoría es para tener información del análisis que tengan las autoridades de Estados Unidos. Además el 31 de diciembre de ese año, un funcionario Ecopetrol firmó un otrosí que llevó a incrementar el valor de esos servicios hasta USD5,8 millones”, socializó García Realpe.

También señaló que en enero de 2025, el máximo órgano de la estatal se tuvo conocimiento de ese movimiento. Fue entonces cuando se decidió suspender dicho otrosí.

Sobre el objetivo del contrato del estudio con el que se evalúan los impactos de las demandas y escándalos del presidente Roa dentro de la compañía, el presidente de la junta directiva de Ecopetrol aseguró que no se hace para defenderlo.

Hay preocupación

A su vez, el presidente de la Junta de Ecopetrol afirmó que se encuentran muy preocupados por estas informaciones que se han venido dando de manera retirada y agresiva.

“Ya no tenemos tranquilidad en dialogar en sesiones absolutamente cerradas de solo miembros de Junta, pero no le vamos a echar la culpa de la infidelidad al sofá. Lo decimos con toda tranquilidad, a pesar del escándalo que se ha armado estamos tranquilos”, sostuvo García Realpe.

Cabe aclarar que el contrato que analiza el impacto en Ecopetrol de los casos de Roa incluye además la investigación a la campaña del presidente Gustavo Petro, en la cual el presidente de la empresa fungió como gerente.

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Sobre esto último, la Procuraduría General de la Nación emitió un concepto en el marco de la actuación administrativa que adelanta el Consejo Nacional Electoral por presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial de Gustavo Petro, en 2022.

El Ministerio Público concluyó que sí hubo vulneración al límite o tope de ingresos y gastos en la campaña de primera vuelta, así como financiación prohibida en la segunda vuelta, siendo uno de los responsables Ricardo Roa Barragán, quien fue gerente de la campaña y hoy es presidente de la empresa Ecopetrol.

“Se concluye que Ricardo Roa Barragán, en su condición de gerente de la campaña del Pacto Histórico a la presidencia, realizó maniobras tendientes a ocultar que el valor real del evento realizado el 19 de junio de 2022 en el Movistar Arena ascendió a $250.000.000, y no $150.000.000 como fue informado al CNE, de tal manera que el saldo de $100.000.000, fue pagado por ServiRed SAS”, se lee en el documento de la PGN.

En ese sentido, el ente de control indicó que aunque en la segunda vuelta no se alcanzó a superar el límite establecido por el CNE de $13.347.457.427,o, el gasto real fue de $13.299.709.794,oo y no de $13.199.709.794,como fue reportado.