Opiniones divididas ha generado el acuerdo sellado entre el Ministerio de Minas, los alcaldes de los municipios del Atlántico, la empresa Air-e y los congresistas para consolidar un plan de acción que permita brindar “soluciones concretas” a la crisis energética.
Desde algunos sectores se ha expresado la conveniencia de avanzar en este tipo de acciones conjuntas, también se han conocido reparos al contenido del documento debido a que no respondería a las necesidades actuales en la región Caribe.
Asimismo, expertos en el sector eléctrico han recalcado la necesidad que se avance en el nombramiento de los expertos en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) para así contar con el quórum decisorio para adoptar las medidas regulatorias pertinentes.
Norman Alarcón Rodas, coordinador de la Liga Nacional de Usuarios en la Costa Caribe, consideró que el acuerdo no resuelve la problemática de fondo de las tarifas eléctricas en la Costa y de las áreas especiales.
“No hay una rebaja sustancial a las tarifas eléctricas en el Caribe, a pesar de que ya estamos a mitad del periodo del presidente Gustavo Petro. En el acuerdo no se dice una sola palabra sobre el régimen especial tarifario contra los habitantes de la región y el Gobierno sigue sin recoger la opción tarifaria”, aseguró.
Alarcón también indicó que tampoco existen soluciones de fondo ante la “situación explosiva” en las áreas especiales.
“Puede haber un agravamiento con la implementación de la medición inteligente AMI) y los cobros prepago que dejarían en las tinieblas a millones de costeños por no poder pagar anticipadamente, cuando una parte importante no lo hace con pagos posteriores al consumo”, remarcó el coordinador de la Liga Nacional de Usuarios en la Costa Caribe.
Reunión con generadoras
En la semana del 5 al 9 de agosto, en Barranquilla se llevará a cabo una reunión con las empresas generadoras, con el fin de avanzar en la construcción de soluciones conjuntas y facilitar una discusión amplia para enfrentar la situación de los mercados más vulnerables.
Dicho encuentro contará con el acompañamiento de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Procuraduría General de la Nación, teniendo en cuenta que se ha recalcado la necesidad de que todos los actores de la cadena hagan parte de este proceso.
Además, el Gobierno recalcó que se adoptarán las medidas regulatorias para facilitar la implementación de un plan de mejora consensuado por todos los actores para el recaudo en las zonas especiales, “teniendo en cuenta las condiciones culturales y socioeconómicas de la región”.
Dicha regulación será adoptada por la Comisión de Regulación de Gas y Energía (Creg), en el sentido de generar modificaciones al marco tarifario vigente.
Es de anotar que esto sólo será posible cuando esta comisión salga de la interinidad. Actualmente se han nombrado 3 de los 6 comisionados en propiedad, aunque se requieren cuatro expertos en propiedad para contar con quorum decisorio.
En ese sentido, la cartera de Minas indicó que se construye un acto administrativo que permita la “deflactación” del Índice de Precios al Productor (IPP) artificial de 2021 y 2022 en los contratos bilaterales.
Al respecto, el exministro y experto en temas energéticos, Amylkar Acosta, explicó que en 2022 se detectó que uno de los factores que estaban contribuyendo a elevar las tarifas de energía era el indexador debido a que el Dane había modificado la metodología para su cálculo. De esa manea pasó de 4.7 % entre los años 2018 y 2019 al 34.32 % en el mes de mayo de 2022.
“Este índice afecta a varios cargos de la fórmula tarifaria: al precio de la energía, a la transmisión y a la distribución e indirectamente a las pérdidas reconocidas”, expuso.
También se anunció la realización de un estudio “imparcial y técnico” que busque repuestas a la necesidad de ampliar el consumo básico de subsistencia de 173 KWh/m a 252 KWh/m. Es de anotar que dicho indicador corresponde a la cantidad de energía que es sus subsidiada para los estratos 1, 2 y 3.
Otros compromisos
Además de suspender los cortes de energía diarios por un periodo de seis meses, la empresa Air-e permitirá la congelación de la deuda vigente de los usuarios de áreas subnormales, “en la medida que se acojan a un plan de pago de la factura y así cumplir con el recaudo corriente durante al menos 18 meses. En todo caso se contemplará un esquema de alivios aplicables a dicha deuda”.
La empresa indicó que apoyará y promoverá, previa socialización con la comunidad, la ejecución de los proyectos Prone para la normalización de barrios subnormales.
Los mandatarios locales, por su parte, se comprometieron a facilitar y agendar las reuniones entre cada una de las Alcaldías y Air-e para revisar todos los casos puntuales de las zonas especiales de suministro de energía. Este proceso contará con el apoyo y el seguimiento de la Gobernación del Atlántico y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Los mandatarios también coadyuvarán y promoverán el diálogo social con las comunidades pertenecientes a las zonas especiales para permitir la ejecución de los planes de mejoramiento del servicio, incluyendo los procesos de normalización, actividades de caracterización, operacionales y comerciales.
“Hay que entrar en un proceso de la normalización de estos barrios, donde nosotros tenemos que ayudarlo a ellos con la socialización de la normalización de estos barrios y con los proyectos de normalización de energía”, expuso Óscar Ávilez, alcalde del municipio de Polonuevo.
