La Corte Constitucional suspendió este miércoles 29 de abril, de manera provisional, el pago de la segunda cuota del impuesto al patrimonio, prevista para el próximo 4 de mayo. La medida aplica solo para entidades sin ánimo de lucro del régimen especial, como las universidades, y aquellas en liquidación.
“se adoptan medidas tributarias en materia de impuesto al patrimonio, con el fin de atender los gastos del Presupuesto General de la Nación necesarios para hacer frente al estado de emergencia declarado mediante el Decreto Legislativo 150 de 2026”, señala el artículo 5 del Decreto 173 del 24 de febrero de 2026, emitido por el Ministerio de Hacienda.
Entre tanto, el alto tribunal seguirá estudiando el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno nacional tras las lluvias atípicas en el departamento de Córdoba.
Ante la suspensión del pago, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, manifestó su preocupación por dicha decisión de la Corte, y aseguró que la misma “deja infirme un impuesto que no respeta los resultados de las empresas”.
A través de un video, Cabal señaló: “La suspensión parcial del impuesto al patrimonio por parte de la Corte Constitucional no frena las graves consecuencias que va a traer para el sector empresarial. Si bien es cierto, hace salvedad sobre un importante conglomerado como las universidades, las entidades sin ánimo de lucro, los centros comerciales, los edificios y todas las propiedades que estén sometidas a la ley de propiedad horizontal, generan más de 15.000 empresas impactos importantes. Lo grave de la decisión es que deja infirme un impuesto que no respeta los resultados de las empresas”.
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De igual manera, el presidente de Fenalco enfatizó que la suspensión del pago de la cuota del impuesto al patrimonio “tampoco respeta la liquidez de las empresas, y afirmó que ”este impuesto a mediano plazo se puede convertir en un impuesto confiscatorio".
Fenalco hizo un llamado al próximo Gobierno y al Congreso 2026 para que “estudie categóricamente” la abolición de este impuesto que “es perverso para el crecimiento económico y la generación de empleo en Colombia”.
