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El Gobierno parece haber omitido la consideración de la situación actual en cuanto a las tarifas de energía en la región Caribe. Así lo afirmó Rosmery Quintero, presidenta de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), tras el decreto de emergencia económica en La Guajira.

{"titulo":"Programan cortes eléctricos en sectores de Barranquilla y municipios ","enlace":"https://www.elheraldo.co/atlantico/energia-en-el-atlantico-anuncian-cortes-electricos-en-barranquilla-y-municipios-para-este"}

Dicho decreto consiste en que los estratos 4, 5 y 6 pagarán $1.000 más en facturas de energía para garantizar el servicio en La Guajira.

La presidenta de Acopi sostuvo que el Gobierno debe tener en cuenta que las tarifas vigentes en esta región son notablemente distintas y divergentes de las que están en vigor en otras partes del país.

{"titulo":"'Con la sobretasa no se resolverá la falta de energía en La Guajira': gremios","enlace":"https://www.elheraldo.co/atlantico/comite-intergremial-del-atlantico-alerta-de-posible-incremento-en-tarifas-de-energia"}

'Es importante tener en cuenta que se espera una agudización del Fenómeno de El Niño durante el segundo semestre del año en curso. Como resultado, se ha anunciado por parte del Ministerio de Minas y Energía que el costo de la energía aumentará', resaltó Quintero.

Indicó que, aunque el Decreto estipula un período de seis meses y su prolongación está sujeta a la decisión del Congreso de la República, existe una alta probabilidad de que esta medida sea permanente.

'Gran parte de las situaciones que actualmente afectan al departamento de La Guajira se derivan de costumbres ancestrales y normas que protegen a los grupos étnicos, lo que posiblemente ha limitado el crecimiento, el desarrollo y la creación de mejores condiciones sociales', puntualizó la dirigente gremial.

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Otro aspecto que preocupa a Acopi es la posible afectación a los contratos de suministro de energía de largo plazo, los cuales presentan un retraso constituyéndose en un obstáculo en la transición energética del país.

Según cifras de SER Colombia, el 65% de los proyectos de energía en ejecución se enfrentan a retos significativos asociados a consultas previas y licencias ambientales.

'Según lo establecido en la constitución, corresponderá a la Corte Constitucional revisar si este se ajusta a los parámetros establecidos a la potestad que tiene el presidente de expedir Decretos en virtud de la emergencia económica', señaló Rosmery Quintero.