Desde septiembre de 2021, el exdelantero colombiano Anthony de Ávila se encuentra detenido en la cárcel de Poggioreale, en Nápoles, Italia. Aunque su condena por narcotráfico ha sido ampliamente discutida, las condiciones del centro penitenciario donde paga su pena han sido objeto de preocupación constante por parte de organizaciones de derechos humanos, que denuncian torturas, hacinamiento extremo y maltratos sistemáticos.
El penal, inaugurado en 1914 y oficialmente llamado “Casa Circondariale di Poggioreale Giuseppe Salvia”, fue construido para albergar a unos 1.680 internos. Sin embargo, actualmente su población carcelaria ronda los 3.000 reclusos.
Esta sobreocupación ha deteriorado el estado de las instalaciones y ha alimentado un ambiente de violencia e insalubridad. Diversos informes lo describen como un centro colapsado, sin espacios adecuados para garantizar los derechos básicos de quienes allí permanecen.
Poggioreale ha sido señalado como escenario de abusos recurrentes. Investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía de Nápoles han identificado múltiples denuncias por “lesiones, coacción, secuestro y abuso de poder”, presuntamente cometidos por miembros del personal penitenciario.
Una de las denuncias más graves apunta a la existencia de una celda de aislamiento conocida informalmente como la “Sala Cero”, donde —según testimonios recogidos por el portal europeo ‘Liberties’— algunos presos han sido sometidos a castigos físicos fuera del control judicial.
Este lugar ha sido foco de atención internacional no solo por las condiciones de hacinamiento, sino por el patrón de violencia institucional que parece repetirse, según reportó ‘Liberties’, que ha seguido de cerca la situación carcelaria en Italia. La ausencia de sistemas de videovigilancia internos complica la verificación de estos hechos y alimenta una cultura de impunidad, según sostienen estas organizaciones.
Los casos de suicidio en Poggioreale también han despertado alarma. Entre los factores que los expertos asocian con esta estadística están el aislamiento, la falta de atención psicológica y el temor de los internos a represalias en un entorno donde las denuncias suelen quedar sin seguimiento.
En ese contexto, la situación de De Ávila, condenado a 12 años por vínculos con el clan Buonerba, refleja la experiencia de otros cientos de reclusos extranjeros que enfrentan el sistema penitenciario italiano sin garantías efectivas de protección. Su abogado, Fabrizio de Maio, ha advertido que, por el tipo de delito imputado, “no existen beneficios penitenciarios”, lo que implica que el exjugador deberá cumplir la totalidad de su pena, al menos hasta 2033.
A pesar de los reclamos de su familia y de las críticas públicas hacia las condiciones de la prisión, el traslado de De Ávila a Colombia no es posible debido a la inexistencia de un convenio de extradición o traslado de reclusos entre ambos países. Esto significa que, salvo un cambio legal o diplomático, deberá permanecer en Poggioreale hasta el fin de su condena.
La situación de esta prisión ha sido objeto de múltiples alertas desde hace años. Entre 2015 y 2016, investigaciones independientes ya la habían clasificado como una de las cárceles más peligrosas de Europa, y los informes más recientes no muestran avances sustanciales en la mejora de sus condiciones.
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