Los alcaldes de la subregión del Bajo Sinú alertaron por el déficit de más de $628 millones de pesos que presenta la cárcel La Amarilla, ubicada en el municipio de Lorica.
La situación fue expuesta en el marco de la reunión de mandatarios convocada por el alcalde de Lorica, Jorge Negrete López, quien aseguró que urgen acciones para salvar el centro de reclusión.
'Convocamos a todos los alcaldes que hacen parte de este convenio, que utilizan los servicios de esta cárcel que está ubicada en nuestro municipio; mostrando la crisis por la cual se está atravesando, con la necesidad inminente de hacer una inversión superior a la que tenemos contemplada en este momento', dijo Negrete López.
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En la reciente cumbre participaron los alcaldes de San Bernardo del Viento, Mauro Oliveros; y Javier Olea, de Moñitos; además los delegados de San Antero, Chimá, Purísima, Momil; también hicieron presencia el personero de Lorica, Oswaldo Polo, y el defensor Regional del Pueblo, Ricardo Madera Simanca.
El Alcalde de Lorica continuó diciendo que 'también solicitamos muy respetuosamente el concurso de la Administración departamental en la medida que se pueda organizar una mesa de trabajo donde también participe el Gobernador y buscar una alternativa para que nos ayude a mitigar esta problemática y los recursos insuficientes que tienen todos estos municipios'.
Se supo que el plan de presupuesto global se eleva a $938 millones anuales, entre los ocho municipios los aportes apenas alcanzan los $310 millones, de los cuales el mayor aporte lo hace Lorica, con $145 millones.
Por su parte Mauro Oliveros, alcalde del municipio de San Bernardo del Viento, sostuvo que 'es muy importante esta reunión para analizar los problemas que tenemos los ocho municipios que conforman el Bajo Sinú para fortalecer la cárcel La Amarilla, incluir más recursos para el sostenimiento de ella para prestar un buen ambiente de resocialización en el que todos los municipios tenemos pobladores, es bueno que ellos tengan una buena atención y hacer un fortalecimiento junto con el sicólogo que los visite', dijo.
La actividad fue acompañada por el defensor del Pueblo Regional, Ricardo Madera Simanca, quien aseguró que la insuficiencia de recursos que presenta el centro carcelario se refleja en la vulneración a los derechos de las personas privadas de la libertad y en la falta de cumplimiento de los mínimos constitucionales.
'Haremos seguimiento a los compromisos que se acordaron en la mesa y coadyuvaremos la solicitud a la Gobernación de Córdoba para que de conformidad con las obligaciones que legalmente le corresponden, destine recursos para el buen funcionamiento de la cárcel', dijo.
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La capacidad de La Amarilla es para 70 indiciados, actualmente alberga a 64 de todos los municipios antes mencionados.
Madera Simanca agregó que 'celebramos que se haya propiciado este espacio que lleguemos a estas conclusiones con el compromiso de los líderes de las diferentes entidades territoriales con responsabilidad en esta jurisdicción, aunque preocupa la adecuada ejecución y que se garanticen los mínimos constitucionales. Vemos la ausencia de un director en esta cárcel, y fallas en temas de alimentación, infraestructura, y salud ante los que le hacemos el llamado con vehemencia a las diferentes administraciones para disponer de las partidas y garantizar que esta situación mejore', concluyó.
