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Víctimas piden que Hernán Giraldo cuente la verdad

Alias El Patrón llegaría extraditado de los EE. UU. en 2021. Se le acusa de múltiples violaciones sexuales de menores de edad en la Sierra Nevada.

El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, anunció el pasado miércoles que el excomandante paramilitar Hernán Giraldo Serna, quien se encuentra recluido en una cárcel de los Estados Unidos, llegará al país entre finales de enero y comienzos del mes de febrero de 2021.

"Aproximadamente, a finales de enero o comienzos de febrero lo tenemos acá en Colombia. Una vez llegue deportado a nuestro país, inmediatamente debe entrar a pagar las penas correspondientes que tiene pendiente con el Estado colombiano", dijo el funcionario sobre la suerte del excomandante del Bloque Resistencia Tayrona, a quien le espera en el país una condena de ocho años por delitos de concierto para delinquir, acceso carnal abusivo, aborto sin consentimiento, terrorismo, desaparición forzada, secuestro y tortura.

Alias 'El Patrón' se acogió al proceso de Justicia y Paz en 2006 y luego fue extraditado a los Estados Unidos en mayo de 2008 para responder por una condena de 16 años por conspiración en el envío de cocaína a ese país desde los puertos cercanos a la Sierra Nevada de Santa Marta.

Giraldo Serna también era llamado 'El Taladro' tanto por usar este artefacto como herramienta de tortura como también por las numerosas violaciones a niñas de la Sierra.

La semana pasada la Fiscalía General de la Nación llamó a responder en diligencia de indagatoria a los exjefes paramilitares Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, y a Giraldo, dentro de las investigaciones que se siguen por varios asesinatos de directivos y estudiantes de la Universidad del Magdalena.

La vinculación formal a esta investigación se relaciona con los procesos penales que se adelantan por los homicidios ocurridos entre los años 2000 y 2002 de Julio Alberto Otero Muñoz, vicerrector de la Universidad  del Magdalena; Roque Alfonso Morelli Zárate, decano de Educación y el estudiante Hugo Elías Maduro Rodríguez.

Giraldo, oriundo de San Bartolomé, Caldas,​ llegó a la Sierra Nevada de Santa Marta aproximadamente en 1969, cuando tenía 20 años de edad, para trabajar como jornalero en fincas locales.

Fue líder comunal de los jornaleros de la zona, formó grupos de vigilancia y compró la finca 'La Estrella'.

A inicios de la década de 1980, la guerrilla de las Farc empezó su influencia en la región con la formación del Bloque Caribe en 1982. Y Serna sufrió dos atentados terroristas en su contra por parte de guerrilleros.

En 1996, su agrupación fue la autora de numerosos asesinatos contra militantes de la Unión Patriótica en la región de la Sierra Nevada y en la ciudad de Santa Marta. A mediados de la década de 1990, Giraldo ayudó a crear el frente Zona Bananera, que cometió varias masacres, entre ellas la de San Pedro de la Sierra en abril de 1997.

En el 2000, Giraldo logró cierto dominio en zonas de los departamentos del César, Atlántico, Norte de Santander y Magdalena, y manejaba los puertos del embarque de cocaína a Estados Unidos y Europa.

Cifras oficiales le atribuyen unas 67 mil víctimas a lo largo de su carrera criminal. Y la Fiscalía 9 de Justicia y Paz le imputó 695 casos criminales.

Tuvo unos 35 hijos, la mayoría con menores de edad que había violado en la Sierra Nevada.

Víctimas esperan que Giraldo cuente la verdad

La representante de víctimas de grupos paramilitares, Alba Lucía Taibel, le dijo a EL HERALDO que lo que esperan es que Hernán Giraldo, una vez sea extraditado desde los Estados Unidos, "al igual que ha pasado con Mancuso y Jorge 40 todos ellos soliciten ir a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP", para que cuente la verdad de lo ocurrido en la Sierra Nevada de Santa Marta y la zona de facción del bloque que dirigió al interior de las Autodefensas Unidas de Colombia.

"Mancuso es el único que ha dado la cara por las víctimas. El clamor de cada uno de nosotros como representantes de victimas es que por ejemplo Jorge 40 nunca ha dado la cara, fue expulsado de Justicia y Paz, y no asistió a los llamamientos de la magistratura. En esa oportunidad les supliqué que no lo expulsaran de Justicia y Paz porque se nos guardaba muchas verdades", dijo la abogada asesora de víctimas de los grupos de autodefensa en la región Caribe.

De hecho, esta semana se desató una fuerte polémica en la Comisión Primera del Senado en el marco del debate del proyecto que les permitiría a los exjefes paramilitares ir a la JEP y recibir los beneficios del tribunal de paz a cambio de contar la verdad.

La controversia se generó porque la célula legislativa de asuntos constitucionales decidió aplazar la discusión de la iniciativa en primer debate para el próximo año.

Además, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal criticó la iniciativa y aseguró que a través de ese mecanismo se buscaría enlodar a personas con falsos testimonios: "Es muy fácil adornar con argumentos falaces y mentirosos lo que aquí se va a habilitar. Más premios con un interés político (...), es un abuso con las víctimas".

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