Procurador pidió a Gobierno, alcaldes y gobernadores proteger a los excombatientes de las Farc
Fernando Carrillo advirtió que los servidores públicos deben "abstenerse de realizar cualquier conducta que los estigmatice, hostigue o deslegitime".
El procurador Fernando Carrillo Flórez instó al Gobierno Nacional, a los alcaldes y gobernadores a "adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger la vida e integridad de los excombatientes de las Farc en proceso de reincorporación política, social y/o económica".
El jefe del Ministerio Público emitió la Directiva 001 de 2020, por medio de la cual solicitó la activación del Centro Integrado de Información, para articular los datos de inteligencia y generar los mecanismos de apoyo a las investigaciones judiciales por amenazas y homicidios contra excombatientes.
Así mismo, recomendó el fortalecimiento de las estrategias de seguridad en las zonas con presencia de grupos significativos de reincorporados.
A los gobernadores y alcaldes pidió tener en cuenta a la población objeto de la Directiva como "sujeto de atención en la formulación de los planes integrales de prevención, para incorporar medidas que garanticen sus derechos a la vida e integridad personal".
En general, indicó Carrillo que todos los servidores públicos en cumplimiento de sus funciones y deberes legales deben "respetar y garantizar el desarrollo de los procesos de reincorporación de los excombatientes de las Farc y en consecuencia abstenerse de realizar cualquier conducta que los estigmatice, hostigue o deslegitime".
También exhortó a la Unidad Nacional de Protección, UNP, a agilizar los tiempos de evaluación, respuesta e implementación de las medidas de protección, y garantizar en sus procedimientos la atención con enfoque de género, que contemple acciones diferenciadas para atender los riesgos particulares que enfrentan las mujeres.
Finalmente, el procurador llamó la atención para que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en su calidad de Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, "avance en el diseño y seguimiento de políticas que permitan el desmantelamiento de las organizaciones ilegales responsables de homicidios y masacres de defensores y defensoras de derechos humanos, miembros de movimientos sociales o políticos y personas que participan en la implementación del Acuerdo de Paz".
