El Ministerio de Salud emitió la Resolución 717 de 2026, con la cual se actualizan las disposiciones para el manejo integral de cadáveres en Colombia. Dentro de los principales cambios se incluye la incorporación de nuevas tecnologías para la disposición final de los cuerpos, entre ellas la hidrólisis alcalina, un procedimiento químico que hasta ahora no contaba con regulación en el país.
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Asimismo, la normativa, conocida en primicia por el medio Blu Radio, plantea lineamientos desde un enfoque de salud pública y control de riesgos sanitarios. En ese sentido, establece que cualquier método destinado a la transformación del cuerpo humano deberá garantizar niveles equivalentes de bioseguridad, sin importar la técnica empleada.
En cuanto a la hidrólisis alcalina, se trata de un proceso en el que los tejidos se descomponen mediante la acción de agua y soluciones alcalinas a altas temperaturas y presión. El resultado de este procedimiento son restos óseos y un líquido residual que puede ser tratado bajo las normas ambientales vigentes.
La resolución también amplía el marco de regulación del sector, indicando que la gestión de cadáveres deja de ser una actividad exclusivamente privada para pasar a estar bajo supervisión del Estado. Esto cobija a todos los actores involucrados en el proceso post mortem, incluyendo EPS, IPS, autoridades sanitarias, servicios funerarios, cementerios y la ciudadanía en general.
Además, el documento organiza el proceso en dos etapas. La primera queda en manos del sistema de salud, encargado de establecer la causa del fallecimiento y expedir el certificado de defunción. La segunda corresponde a la entrega del cuerpo a los servicios funerarios y su posterior disposición final.
La medida reabre un debate que ya había sido discutido en el Congreso de la República, donde la propuesta no logró superar su trámite final. En ese momento, varias entidades habían advertido posibles riesgos ambientales y de salud pública. Incluso, en 2024, el entonces viceministro de Protección Social, Jaime Urrego, había manifestado reparos frente a la implementación de esta tecnología.
A pesar de ello, el Ministerio de Salud autorizó el uso del método mediante una resolución firmada el pasado martes 21 de abril, lo que vuelve a encender la discusión sobre su viabilidad y los mecanismos de control necesarios.
En su momento, algunos especialistas en medicina forense también expresaron inquietudes. El exdirector del Instituto Nacional de Medicina Legal, Carlos Valdés, había señalado que la hidrólisis alcalina podría eliminar rastros genéticos, lo que en escenarios de violencia dificultaría la identificación de víctimas y podría facilitar la desaparición de cuerpos.
Finalmente, con esta nueva regulación, el Gobierno habilita alternativas adicionales para la disposición final de cadáveres, mientras continúan los cuestionamientos sobre sus posibles efectos en la salud pública, el medio ambiente y los procesos de investigación judicial en el país.
