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Colombia

Polémica en prórroga de Ley de Víctimas por segundos ocupantes

Para algunos estos son víctimas y para otros despojadores. El debate sobre si la norma se debe prorrogar por 10 o 15 años continúa este miércoles.

En el marco del debate este martes por la prórroga de la Ley de Víctimas en la Comisión Primera del Senado, una proposición sobre los segundos ocupantes de tierras encendió la discusión, pues mientras para algunos son víctimas para otros son despojadores.

Durante la sesión, el director de la Unidad de Víctimas, Ramón Rodríguez, afirmó que "se están cumpliendo las metas para las reparaciones de las víctimas, es necesario responder a las 9 millones de víctimas con la prórroga por 10 años más de la ley".

Agregó el funcionario que este año "tenemos cerca de $1 billón para indemnizar a las víctimas, y este presupuesto solo está destinado para garantizar la indemnización administrativa", sin embargo, advirtió que "es necesario encontrar recursos adicionales, buscamos monetizar los bienes entregados por Justicia y Paz, pero nos hacen falta los recursos y bienes fruto del Acuerdo de Paz".

El senador Eduardo Pacheco, de Colombia Justa Libres, planteó en torno a la restitución de tierras la proposición de un "tratamiento diferenciado para los segundos ocupantes en situación de vulnerabilidad".

No obstante, el senador Gustavo Petro, de la Colombia Humana, criticó el artículo: ¿Qué pasa si en la Ley de Reparación de Víctimas, en el caso de la restitución de tierras, se elevan como derechos los segundos ocupantes de la tierra de buena fe? Esta es la proposición del pastor Pacheco con apoyo del uribismo a punto de ser votada".

A las voces de cuestionamientos se sumó la del senador Carlos Lozada, de la Farc: "No se puede aprovechar la prórroga de Ley de Víctimas para legalizar el despojo".

Y en defensa de la proposición salió la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático: ''Es falso lo que están diciendo. ¿Cómo van a decir que se están alterando los principios de la Ley de Víctimas? No den los debates con la pasión de los partidos, sino con el corazón para defender a los colombianos. Lo que le estamos diciendo al Estado es que tenga en cuenta a quién le van a restablecer la tierra; porque si es un campesino vulnerable, deben tener un especial cuidado con esa persona para que esa restitución no genere una víctima más".

El otro rifirrafe que hay es por el término de la prórroga, pues mientras el Gobierno plantea 10 años, el senador ponente, Roy Barreras, de La U, propone 15 años: "He propuesto prorrogar por 15 años Ley de Víctimas, pero el Gobierno no está de acuerdo. En cambio se pretende aprovechar la prórroga para alterar la restitución de tierras. Advierto riesgo de legitimar despojadores que se hagan pasar por compradores de buena fe".

A su vez, la Procuraduría pidió al Congreso que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y los decretos leyes étnicos 4633, 4634 y 4635, se prorroguen por un plazo adicional de 15 años y no de 10.

Tanto la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras como los decretos, señaló el Ministerio Público, "hacen parte del componente de reparación para las víctimas en la JEP, por lo que resulta imperativo garantizar que exista una coordinación entre su duración y el tiempo de funcionamiento de la justicia transicional".

Agregó el órgano de control que "dado que la Reforma Rural Integral es el camino para contribuir a la estabilización socioeconómica y el goce efectivo de los derechos de las víctimas, se requieren al menos 15 años de prórroga para materializar el enfoque transformador de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y los decretos leyes étnicos, pues este es el tiempo anunciado por el Gobierno para la implementación de la hoja de ruta establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022".

La Procuraduría advirtió además que la prórroga por 15 años, contada a partir del 10 de junio de 2021, es necesaria ante el rezago presentado en la implementación de las medidas previstas para garantizar la reparación integral. Actualmente, recordó, solo han sido indemnizadas 879.821 víctimas, lo que corresponde al 12% de los 9 millones que hacen parte del censo.

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